Patronal y sindicatos cobraron comisiones por los cursos subcontratados

Tremenda declaración del que fuera jefe del departamento de formación profesional ante la juez Mercedes Alaya. Teodoro Montes, que hoy seguirá declarando, denunció ayer que la patronal de empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos cobraban comisiones de un 20% a las empresas que subcontrataban para realizar los cursos de formación. Según explicaron fuentes judiciales, el funcionario dijo que después de que la Junta les adjudicara los cursos éstos subcontrataban a otras empresas a las que obligaban a pagarles una comisión.

Teodoro Montes era el jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla y fue quien denunció las «numerosas» y «graves» irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación. Montes acudió ayer de nuevo al juzgado. La comparecencia se llevó a cabo en el despacho de la juez con la presencia de la propia instructora; el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto; el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta de Andalucía, y los letrados de los únicos dos imputados en la causa, como son los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.

Teodoro Montes declaró el 22 de agosto de 2013 ante los agentes de la Guardia Civil y enumeró una serie de «irregularidades» como la justificación de asistencia a cursos de alumnos «que realmente no han asistido al mismo», o la no presentación de documentos justificativos de la realización del curso ante el órgano gestor encargado del control y seguimiento.

Asimismo, puso de manifiesto que «el hecho de que cada acción formativa tenga un techo de presupuesto, hace que se sobredimensione el coste de los cursos para llegar a ese tope máximo de gasto sin que en realidad haga falta», según el acta de su declaración.

Según relató, existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que «no se puede certificar su materialización».

Al hilo de ello, Teodoro Montes dijo que, una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó «todas» las obligaciones de la Faffe, personal de esta última acudió al SAE y participó en la gestión, «alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos». «Ante su queja, personal subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna», por lo que él, como responsable de la custodia de esta documentación, presentó una denuncia en los juzgados de Sevilla.

Los agentes también cuestionaron al testigo sobre cómo se asignaban los fondos, señalando Teodoro Montes que, hasta 2010, la Junta, «en virtud del estudio de una serie de parámetros, designaba, mediante resolución, a aquellas entidades que iban a ser las encargadas de llevar a la práctica las acciones formativas». No obstante, «esta forma de asignar los fondos cambió en 2010, de modo que a partir de ese momento la asignación se efectuaba mediante una convocatoria competitiva, por lo que «la asignación a lo largo de todo este tiempo de las acciones formativas a las entidades encargadas de organizarlas se ha hecho por parte de las autoridades administrativas sin que esta elección se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación».