Susana Díaz advierte a Rajoy que no prime a Cataluña en detrimento de Andalucía en los PGE

El Gobierno andaluz barrunta malas noticias en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, cuyo proyecto de ley aprueba hoy el Consejo de Ministros. Teme que las cuentas de Cristóbal Montoro enjuguen las lágrimas de comunidades con una situación de liquidez crítica como la valenciana o trate de acallar el clamor independentista de Cataluña, como ya ha hecho en los fondos de convergencia. La noticia ayer del reparto del fondo de compensación interterritorial invita al desánimo: Andalucía recibirá 160 millones de euros, los mismos que este año.

Susana Díaz volvió a utilizar el estrenado lenguaje de confrontación para reclamar al Gobierno un presupuesto «justo» que no deje a la Junta sola en la batalla contra el paro. Díaz advirtió sobre todo que las cuentas del Estado no traten de solucionar el conflicto catalán con más dinero para esta comunidad en detrimento de Andalucía. «Si lo que se pretende es acallar a los barones díscolos o calmar el ansia independentista de algunos con los dineros de Andalucía, por ahí este gobierno no va a pasar, vamos a usar todos los medios a nuestro alcance, no vamos a permitir acuerdos de trastienda que salgan del dinero de los andaluces», espetó en la sesión de control del Parlamento. «No vamos a permitir que ninguna decisión del Gobierno de España dañe los servicios sanitarios, educativos o las políticas sociales, tengo muy claras las líneas rojas, no estoy dispuesta a defraudar las expectativas de los andaluces», añadió.

Díaz esgrimió que la Junta de Andalucía ha cumplido con el objetivo del déficit para reclamar un buen trato en las cuentas estatales. De estas dependen los Presupuestos andaluces. PSOE e IU trabajan sobre la hipótesis de un recorte de 600 millones de euros, pero este puede ser mayor.

Deuda histórica

Pero además el Presupuesto estatal no tendrá la obligación de incluir inversiones según el peso poblacional (casi el 18%). Según el Estatuto de Andalucía, esta inversión se haría durante siete años a partir de entrar en vigor la norma andaluza, es decir este año en curso sería el último. En realidad, ningún gobierno desde 2008, primer año, ha cumplido con la inversión legal. La Junta reclama casi 3.000 millones de euros de deuda. El portavoz de IU, José Antonio Castro, habló de salir a batallar por una «nueva deuda histórica».