El Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación por el 'caso Apemsa'

El Ayuntamiento se pronunció ayer, mediante un comunicado, respecto a las noticias que apuntan a la denuncia por prevaricación de la Fiscalía, interpuesta contra varios miembros del Consejo de Administración de la empresa de aguas, Apemsa, entre ellos el alcalde de El Puerto, Alfonso Candón, y el exregidor Enrique Moresco, con motivo de la prórroga de los contratos de mantenimiento del alcantarillado y de la explotación de la depuradora a la empresa Aqualia.

En un primer momento, el Consistorio detalla que desconoce con exactitud la denuncia presentada y el informe de la Fiscalía Provincial ya que no se ha recibido ninguna notificación, «ni del juzgado, ni de la Fiscalía». Aun así, en el escrito informa de que en las prórrogas de los contratos con Aqualia a los que se hace referencia en el informe del fiscal, «contó en todo momento con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos».

En el comunicado, se reitera el desconocimiento de los términos, aunque detallan que si existiera irregularidad alguna sería administrativa y no prevaricación «y menos aún malversación de fondos de públicos, que siempre implica el ánimo de lucro», ya que como explican, «la prevaricación es un delito que consiste en que la autoridad o funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha decisión es injusta, y que uno de sus principales requisitos es que la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario, se entiende que no sería aplicable a los miembros de un Consejo de Administración de una Sociedad Anónima».

El escrito también hace referencia a la petición de imputación de parte de los miembros del Consejo de Administración. «Resulta extraño una imputación por este concepto a una parte de los miembros del Consejo de Administración y no a la totalidad, máxime cuando el resto de los consejeros, es decir, María Gómez García, representante de IP (ahora CP), Matilde Roselló del Castillo, de IU y José Manuel Jiménez Lavi, del PSOE, se abstuvieron y no se opusieron a la decisión tomada», señalan.

Por último, explican que dicho caso se ha puesto en manos de sus servicios jurídicos.

IU pide celeridad a la justicia

Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida mostró su análisis y su postura en todo lo referente a la respuesta de la Fiscalía Provincial. Tanto el portavoz de IU, Julio Acale, como el concejal del mismo partido Antonio Fernández expresaron su deseo de que la justicia debe seguir en el proceso aunque sí solicitaron «la máxima celeridad en los procesos». Fernández se mostró cauteloso a la hora de afrontar valoraciones. «Se han sembrado demasiadas dudas con el anterior y el nuevo alcalde», apuntó. Además dejó abierta la puerta a que esta denuncia pueda desembocar en nuevos acontecimientos: «puede ser que al tirar del hilo traigan más causas».

En relación a la petición de la Fiscalía Provincial, la imputación de alguno de los consejeros de Apemsa, el antiguo gerente, así como del alcalde, Alfonso Candón y su antecesor, Enrique Moresco, el concejal de IU lo catalogó como de grave y solicitó que si se confirma por parte del juzgado «se tomen las medidas necesarias tanto por el Ayuntamiento como en la justicia». Por último, lamentó que desde la época de Hernán Díaz se hayan imputado a todos los alcaldes que han estado, «salvo Gago». Por su parte, Julio Acale piensa que este caso podría estar relacionado con la venta del 49% de las acciones de la empresa municipal Apemsa. Asimismo, manifestó que si se confirma y son condenados, «deben de ser ellos los que paguen con su patrimonio, y cuestionar todo el proceso de privatización y evidentemente revocarlo».