Alaya pide al Supremo que impute también al exconsejero Gaspar Zarrías por los ERE

La juez del 'caso de los ERE' fraudulentos de Andalucía, Mercedes Alaya, ha ampliado sus sospechas sobre los cargos públicos que supuestamente participaron en la implantación de un sistema inadecuado para conceder ayudas al margen de cualquier control. Junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Grinán y cinco exconsejeros autonómicos de Economía, Hacienda y Empleo, en su escrito elevado al Tribunal Supremo la juez ha incluido también sus sospechas sobre los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, ambos destacadas figuras del socialismo andaluz.

Fuentes judiciales confirmaron que son nueve las personas aforadas contra las que Alaya acumula indicios por los delitos de prevaricación y malversación de cargos públicos que ya imputa a otros exconsejeros como Magdalena Álvarez. La vinculación de Zarrías con la trama vendría dada por su papel como hombre fuerte del Gobierno de Manuel Chaves, puesto desde el que, entiende la juez, habría participado en la «decisión política» de implantar el sistema de ayudas al margen del procedimiento legal establecido. El nombre del que fuera miembro de la ejecutiva federal del PSOE ha salido en varias ocasiones durante la investigación y ha sido vinculado al presunto conseguidor Juan Lanzas. Varios mensajes de teléfono y correos electrónicos que constan en el sumario apuntan a que era «el jefe» del exsindicalista.

La inclusión de Moreno, aforada al igual que Zarrías, es más sorprendente, ya que fue consejera de Presidencia entre 2010 y 2012, periodo en el que la juez entiende que aún se mantuvo el sistema irregular de ayudas.

Presunción de inocencia

Tras la decisión de Alaya de elevar el caso ante la presencia de aforados, el PP criticó que «la élite del PSOE está ahora ante el Tribunal Supremo», por lo que existen «responsabilidades políticas indudables ante unos hechos irrefutables», según subrayó la secretaria general del PP-A Dolores López. Así, los populares reclamaron a Pedro Sánchez que «ejerza» su liderazgo y exija responsabilidades políticas a la federación andaluza. Desde el PSOE-A se descartó la adopción de medidas internas porque, se mantiene, los altos cargos aforados «han sido injustamente implicados». El secretario de Política Federal, Antonio Pradas, defendió la «honorabilidad y el derecho a la presunción de inocencia» de los aforados y recordó que el Supremo aún no ha decidido si admite el caso.