Adjudican por 890.000 euros el buque interceptado con cocaína

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) adjudicó provisionalmente el buque 'SV Nikolay' a Georgios Rallis por 891.000 euros en la subasta pública celebrada ayer viernes, a la que han concurrido cuatro licitadores. El buque, que fue interceptado en 2012 con 3.000 kilos de cocaína, se encontraba inmovilizado desde agosto de ese año en el muelle Ribera de la Zona Franca de Cádiz por un procedimiento de embargo, lo que llevó a la APBC a solicitar ante el juzgado su enajenación. La Autoridad Portuaria señaló que el precio base establecido para este buque --construido en 1987, con 123,6 metros de eslora y 7.455 unidades de Registro Bruto-- fue de 796.886 euros en primera subasta.

El 'SV Nikolay', de pabellón de Bulgaria, se halla afecto a un procedimiento de embargo que lo mantiene atracado en Zona Franca desde el 14 de agosto de 2012. Por auto de esa fecha, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ordenaba el atraque y custodia de dicho buque y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz procedía, por medidas cautelares previas 671/2012, al embargo del mismo.

Detalló que tras reclamar la Autoridad Portuaria la enajenación del buque ante las autoridades judiciales, finalmente en enero de este año el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz autorizó la subasta pública del mismo.

En situación similar al buque 'SV Nikolay' se encuentran otras embarcaciones «abandonadas» en la zona de dominio público portuario y que ocasionan gastos al puerto.

Así, la APBC recordó que la colaboración de la administración judicial es «esencial» para la seguridad de la navegación marítima y para el desarrollo de las distintas actividades portuarias, por lo que con esta subasta se espera una pronta resolución de estos expedientes.

Finalmente, aseguró que en noviembre del año pasado el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento, la Fiscalía General del Estado y el Organismo Público de Puertos del Estado suscribieron un convenio relativo a las actuaciones necesarias para la venta o realización de buques aprehendidos o intervenidos en procesos penales, con el fin de agilizar los procedimientos de enajenación.