La operación policial coge a la Dirección de UGT- Cádiz en plena recomposición

Casi dos años después del primer ERE que ejecutó la dirección de UGT-Andalucía a la plantilla del sindicato, la organización sigue inmersa en un proceso de permanente recomposición debido a una sucesión de acontecimientos que están dañando su credibilidad. Ayer volvía a ser cuestionada de manera severa con la ejecución de la segunda parte de la 'Operación Cirene', que indaga en el uso de facturas falsas por parte del sindicato para justificar subvenciones autorizadas para la formación de trabajadores.

Hace casi dos años, comenzaba el calvario de la otrora formación poderosa en la lucha sindical. Cuando sus dirigentes autorizaron aplicar la reforma laboral aprobada por el PP a los trabajadores del sindicato, se abrió la veda. Entre los despedidos había empleados que llevaban décadas siendo testigos del funcionamiento interno de la organización, con acceso a información sensible. Muchos de esos documentos se utilizaron para defender la nulidad del expediente de regulación ante los tribunales. Su línea argumental era la incompatibilidad entre los elevados gastos imputables a la Comisión Ejecutiva de UGT-A -antes de la salida de Manuel Pastrana- o el importante patrimonio atesorado por la organización frente al mensaje de déficit contable grave expresado por la dirección. El Supremo aún no se ha pronunciado sobre los 159 despedidos a finales de 2012, 26 de ellos estaban destinados en Cádiz.

Ése fue el principio de una etapa muy complicada para el brazo sindical del PSOE, que en Andalucía es sinónimo de Junta de Andalucía.

En la dirección provincial del sindicato atraviesan por un periodo también convulso. Tres secretarios generales y una gestora elegida desde Sevilla son demasiado cambios en cuatro años. Y la situación se resiste a pacificarse pese al discurso oficial de unidad «más que nunca». Esas palabras pronunciadas por el actual líder de la organización en Cádiz, Francisco Andreu, fueron pronunciadas hace poco más de una semana tras conocerse a través de las páginas de LA VOZ que se habían producido dos dimisiones en la Ejecutiva que dirige: la secretaria de Organización y el de Empleo.

La nueva dirección del sindicato salió elegida a finales de enero y en menos de seis meses se ha enfrentado a su primera crisis interna. La operación policial desarrollada ayer ha sorprendido a la organización en plena recomposición de su cúpula. Una mujer, procedente de la Federación del Comercio, como el secretario general, ha entrado en la Ejecutiva en lugar de los que han dimitido pero no se hará cargo de sus tareas sino que llevará los asuntos relacionados con la lucha por la igualdad.

Primeras conclusiones

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por las presuntas facturas falsas de UGT-A ha permitido definir «diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato», considerando que «la vía más importante en la financiación» de UGT-A «podría haber sido esta presunta práctica ilícita».

En un comunicado de prensa, la Guardia Civil informaba de que la segunda fase de la operación se saldaba con 14 detenidos -cinco en Madrid, una en Jaén, siete en Sevilla y una en Gran Canaria- y seis registros -uno en Madrid y Jaén y cuatro en Sevilla-. Las pesquisas abarcan el análisis de los fondos de formación otorgados por la Junta de Andalucía mediante subvenciones a distintos beneficiarios a lo largo de los últimos 12 años.

En este marco, se han realizado «múltiples» actuaciones, como la incautación el pasado mes de mayo de expedientes de justificación de subvenciones para formación en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.

El inicio de la operación se sitúa en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el verano de 2013, «siendo dividida la causa posteriormente entre ese Juzgado y el número 9, entendiendo este último de todo aquello relacionado con la organización sindical UGT-Andalucía».

El 19 de diciembre se procedió al registro de la sede del sindicato en Sevilla. Según la nota, el análisis de la documentación incautada, contrastado con las manifestaciones tomadas y otras diligencias practicadas, «ha propiciado una acumulación de indicios sobre diversas personas como responsables, en distintos grados, de un delito de fraude de subvenciones». Además de antiguos trabajadores y exresponsables de la organización, como el que fuera tesorero Francisco Fresneda, los agentes han indagado en las empresas que emitían las facturas falsas y que eran proveedores habituales como Viajes Macarena o la empresa Chavsa.

Fraude sistemático

Las investigaciones concluyen que este fraude «se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo», por lo que «se considera que es la vía más importante en la financiación del sindicato».

Por último, la Guardia Civil informa de que la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones y registros en la comunidad.