El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. :: KOTE RODRIGO / EFE
Economia

Competencia investiga a Iberdrola por una supuesta manipulación de precios

Pone el foco en las ofertas al mercado mayorista de algunas de sus centrales hidroeléctricas en los días anteriores a la subasta anulada en diciembre

MADRID. Actualizado: Guardar
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Iberdrola ante la sospecha de que podría haber manipulado los precios del mercado mayorista eléctrico en los días anteriores a la subasta Cesur del pasado 17 de diciembre. Aquella puja fue posteriormente invalidada por el Ministerio de Industria ante la concurrencia de «circunstancias atípicas» que contribuyeron a elevar el precio final de la electricidad. La compañía niega «rotundamente haber realizado cualquier tipo de manipulación» sobre los precios ofertados por sus instalaciones de generación eléctrica, y ha anunciado que presentará las alegaciones pertinentes dentro del plazo de 15 días legalmente establecido.

El órgano supervisor anunció a primera hora del día la apertura de un expediente sancionador a Iberdrola Generación SAU por una posible vulneración del artículo 60 a.15 de la Ley del Sector Eléctrico, que tipifica como infracción muy grave «cualquier manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica o la medición de las cantidades suministradas». Una conducta sancionada con hasta 30 millones de euros.

La resolución no se hizo pública, como sí suele ser habitual en la apertura de expedientes sancionadores a empresas de otros sectores de la economía, como el de los carburantes o las telecomunicaciones. No daba, por tanto, datos sobre el periodo de tiempo al que se refería la posible infracción, ni los detalles de su naturaleza. Fue la propia compañía, en un comunicado emitido horas después, la que señalaba que el procedimiento sancionador afecta «únicamente a las ofertas al mercado realizadas por determinadas instalaciones de producción hidroeléctrica situadas en las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Sil entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre».

Aquellos días el mercado diario mayorista de la electricidad ('pool') «registraron niveles que no se habían producido desde el año 2002 con un incremento entre el 60% y el 70% respecto a la semana anterior, cuyo precio se situaba en el entorno de los 50 euros por megavatio a la hora», según dictaminó la CNMC en un informe posterior. En este contexto de «precios elevados» se celebró la subasta trimestral Cesur del 19 de diciembre, en la que se habría de decidir el precio de la electricidad para los consumidores acogidos a la por aquel entonces todavía conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR).

Una puja que arrojó un precio por megavatio a la hora un 26% superior al de la anterior subasta, y que fue invalidada por el Gobierno. La CNMC dijo haber detectado «circunstancias atípicas» en su desarrollo, mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, habló directamente de «manipulación».

La gestión de los embalses

Lo que trata de dilucidar ahora el superregulador es si pudo haber manipulación, pero no en la subasta, sino en el mercado diario durante los días anteriores. Y ha centrado sus pesquisas en una sola compañía, Iberdrola, y en concreto en su parque de generación hidroeléctrico. Este tipo de centrales -que en buena parte están en manos de la compañía que preside Ignacio Galán- tienen una mayor capacidad que otras tecnologías de generación eléctrica de gestionar en qué momento producen energía y, de esa manera, influir en la formación de precios, explican expertos del sector.

Iberdrola indica que la CNMC «ha venido revisando desde el pasado mes de diciembre la actuación de todo el parque de producción» de la compañía a lo largo del pasado año, aunque finalmente ha puesto el foco sobre las tres primeras semanas de diciembre. Los servicios jurídicos de la multinacional eléctrica presentarán las alegaciones pertinentes en los próximos 15 días, tal y como marca la ley. El órgano supervisor tiene, por su parte, hasta 18 meses de plazo para resolver el expediente sancionador, cuya resolución podrá ser recurrida ante la Audiencia Nacional.