La Audiencia de Sevilla anula la imputación de dos exaltos cargos en el caso de los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado la imputación que la jueza Mercedes Alaya hizo a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía, Antonio Lozano Peña y Buenaventura Aguilera Díaz, en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos al estimar que carece de motivación suficiente. La Audiencia considera que Alaya no concreta los hechos delictivos por los que acusa a los que fueron directores generales de Presupuestos durante parte de los años investigados (2000-2011), por lo que insta a la magistrada a relatar estos «con mayor precisión» para que no caigan en «indefensión».

La anulación, como en el caso de Magdalena Álvarez, no es definitiva y la jueza puede volver a imputar a los dos cargos y volverles a tomar declaración, como ya hizo el pasado 19 de septiembre. Entonces les acusó de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al considerarles conocedores del sistema de transferencia de financiación utilizado para pagar las ayudas sociolaborales a través del IFA/IDEA, procedimiento que la jueza considera ilegal.

Otro auto anula «por coherencia procesal» la fianza civil de 46 millones de euros impuesta tras su declaración en septiembre a Lozano, quien también fue viceconsejero de Presidencia con Susana Díaz cuando esta era titular de esta consejería desde 2012 hasta septiembre pasado. Después de más de una década en puestos de responsabilidad en el Gobierno de la Junta, Lozano quedó fuera de este tras su imputación en el auto dictado por Alaya el 28 de junio del pasado año.

En este auto Alaya imputó a 20 excargos de la Junta, entre ellos Magdalena Álvarez. La exconsejera de Hacienda y ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones recurrió en julio y la Audiencia anuló su imputación por los mismos conceptos que ahora con Lozano y Aguilera, como recuerda en el auto conocido ayer.

«En esencia, las mismas razones subsisten en el caso ahora analizado», dicen los magistrados, en referencia a que el auto de Alaya no se ajusta «a las exigencias que el derecho a una tutela judicial efectiva y de defensa harían deseables en la llamada al proceso». Es más, recriminan que la jueza apenas dedique una línea a los excargos y que parezca que les imputa solo por «haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos». Añaden que dada la complejidad de los hechos investigados y los numerosos delitos que atribuye en la causa, «hubieran hecho deseable que se especificase qué concreta participación en qué concreto delito de atribuía» a los ex altos cargos.

Lozano y Aguilera recurrieron como Álvarez en julio, pero, según su abogado, José María Mohedano, la jueza Alaya retuvo estos recursos en el juzgado. De ahí que la Audiencia no se halla pronunciado hasta este mes.

La decisión de la Audiencia no es definitiva, ya que esta no entra en el fondo de la acusación que considera no explicada. Como hizo con Álvarez, se prevé que la jueza dicte otro auto imputando de nuevo a los dos exaltos cargos con un relato de los hechos más pormenorizado, lo que implicará que de nuevo los llame a declarar al juzgado.

La Audiencia también advierte de que la revocación de la imputación no puede extenderse a los demás cargos señalados en el auto del 28 de junio, pues solo se pronuncia por los que han recurrido.