Las fianzas de los ERE fraudulentos superan ya los 2.900 millones

La tesis de la juez Mercedes Alaya de que el dinero público defraudado en el 'caso de los ERE' salía a manos llenas y sin ningún control desde la Junta de Andalucía explica a la perfección el elevado montante de las fianzas civiles que ha impuesto a casi 80 de las 143 personas que tiene imputadas en la causa. Con las últimas acordadas para varios ex altos cargos de la Consejería de Empleo, las cauciones sobrepasan ya los 2.900 millones de euros, una cifra muy superior a los 140 millones defraudados, según ha concretado la investigación.

La instructora ha explicado en varios autos de imposición de fianzas que adopta esta medida para garantizar «la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta». Ella mantiene que, dado que el sistema empleado para dar esas ayudas era irregular o inadecuado, todas las subvenciones que salieron en la primera década del siglo del fondo de 1.217 millones de euros creado a tal fin, el 31-L en su denominación oficial, pero más conocido como 'fondo de reptiles', también lo son.

Sin embargo, la investigación policial solo ha podido acreditar 140 millones de euros defraudados, repartidos entre los 73 millones concedidos como ayudas directas a empresas a las que no le correspondía recibir ese dinero, los 50 millones en sobrecomisiones recibidos por las compañías mediadoras, y los 17 millones cobrados por los 196 prejubilados que eran ajenos a las empresas, los llamados intrusos.

De esta manera, Alaya responsabiliza a cada cargo público del destino del dinero que, procedente de ese fondo, se concedió mediante el sistema de transferencia de financiación, a lo que suma el tercio adicional que permite la ley. Según los autos dictados el 2 de abril, en los que impone fianzas de entre 5 y 34 millones a los sucesivos secretarios técnicos de Empleo, la cuantía es proporcional a la responsabilidad del cargo y el tiempo en que lo han ejercido, y se incrementa si se trata del área de Empleo, al ser el encargado de gestionar los expedientes, frente a otras consejerías como Hacienda.

Un planteamiento que da lugar a fianzas desorbitadas como la del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al que impuso una responsabilidad civil de 807 millones de euros por todos los años que pasó al frente del departamento, ya fuera como número uno o anteriormente en otros puestos de mando. Se trata de la segunda mayor fianza civil impuesta en España, por detrás de los 1.000 millones señalados para el exasesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca en el 'caso Malaya', donde las responsabilidades civiles se cifraron en 5.200 millones. Aún así, está muy por encima de las fijadas para los implicados en el 'caso Gürtel', con 85 millones para el supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, o los 43 millones reclamados para el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Segundo escalón

El segundo en el peculiar ranking de Alaya es, obviamente, el que fuera director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, principal implicado en el caso y que deberá afrontar una fianza de 686 millones de euros. Ahí se produce un primer salto cuantitativo, al pasar a los 490,3 millones establecidos para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá o los 173,4 millones al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez. En este escalón se encontrarían también los 111 millones de euros impuestos a cada uno de los directivos de Vitalia y los 99 millones del responsable de Uniter, las dos empresas mediadoras que tramitaron la mayoría de los expedientes.

A partir de ahí, las cantidades bajan sustancialmente. Alaya fijó una responsabilidad civil de 38 millones para el presunto 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas, que habría recibido comisiones de las mediadoras e incluso colado intrusos en los expedientes de prejubilación. En la misma línea, recientemente reclamaba 29,5 millones a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y ya había solicitado 46 millones y 22 millones para el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano o el exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro, respectivamente.

En el lado más bajo de la tabla se encuentran empresarios, con cauciones de entre 1 y 3 millones; sindicalistas que participaron en la tramitación de los ERE, cuyas fianzas rondan los 450.000 y los 250.000 euros, e incluso algunos 'intrusos' con 3.000 euros. Ante la imposibilidad de que hacer frente a estas cantidades, el juzgado ha empezado a embargar fincas, cuentas bancarias o incluso vehículos de la mayoría de los afectados, así como varias sedes de CC OO al considerarl al sindicato responsable civil subsidiario.