La Junta recurrirá ante el Supremo la sentencia del TSJA sobre el suelo de El Algarrobico

El Gobierno andaluz recurrirá «por todas las vías posibles» para «impedir que siga adelante» el hotel de El Algarrobico, cuyo suelo ha sido declarado urbanizable en una última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo anunció ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante el Pleno del Parlamento y a interpelación del portavoz de IU, José Antonio Castro, que le reclamó una actuación enérgica.

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, aclaró después que el Gobierno andaluz interpondrá ante el Tribunal Supremo recurso de casación contra esta última sentencia del TSJA que «respetamos pero no compartimos».

Afirmó que el nuevo fallo judicial «desprotege el paraje natural de El Algarrobico, que ya se blindó en el Plan de Ordenación de Recursos (POR) de 2008», tras otra sentencia del TSJA, a recurso de Greenpeace. «La Junta cumplió, elevó la protección y ahora esta sentencia establece que el suelo es urbanizable. No estamos de acuerdo», puntualizó. «Entendemos que hay falta de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. Por eso la Junta interpondrá el recurso en casación».

La consejera andaluza consideró que «hay determinadas líneas rojas que no se pueden pasar. El Algarrobico es un símbolo de lo que no se debe hacer en la costa».

Costes de demolición

Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ratificó el compromiso del Gobierno central de cofinanciar al 50% los costes de demolición del hotel y de recuperación de la zona, un compromiso alcanzado hace unos meses con la consejera andaluza. En unas declaraciones que recoge la agencia Europa Press, Arias Cañete recordó que es la Junta la que deberá decidir cuándo procede hacerlo, «cuando considere que se han agotado los trámites legales».

El ministro lamentó que haya «una maraña de recursos» en torno al polémico hotel, que «hace muy difícil saber en qué momento hay que ejecutar la sentencia y en qué momento la administración puede pedir la demolición».

Arias recordó que la Ley de Costas incorpora la llamada «cláusula Algarrobico» que evitará estas situaciones, pues el Gobierno podrá evitar que la construcción se inicie cuando considere que una licencia municipal infringe la ley, al pedir la suspensión en vía administrativa.