Ecologistas dicen que el fallo del TSJA abre la puerta a 250 viviendas y un campo de golf

La sorpresa y el estupor de los grupos ecologistas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), conocida el martes y que resuelve que los suelos donde se construyó el hotel de El Algarrobico son urbanizables, se convirtió en temor ante las consecuencias urbanísticas y medioambientales que puede traer sobre la zona.

Y es que, tal y como advirtieron, el fallo judicial deja la puerta abierta al desarrollo del sector ST-2 del paraje de El Algarrobico, situado junto al macrohotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones y donde la promotora Azata del Sol proyecta también construir un residencial de 250 viviendas con campo de golf.

De hecho, el tribunal de la Sección Tercera del Alto Tribunal andaluz determina en la sentencia hecha pública el martes que los terrenos del sector ST-2, conocido como 'El Canillar', deben incluirse dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar -en vigor desde 2008- como zona D, ya que eran «urbanizables» en la normativa ambiental de 1994. Un suelo que los ecologistas consideran de «muy alta protección».

La lucha, por tanto, recordaron los grupos conservacionistas reunidos ayer a las puertas de la Audiencia Provincial, no es solo para proteger el paraje de El Algarrobico «sino que se extiende a toda la zona». De ahí, remarcó el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Juande Fernández, la preocupación que ha suscitado el fallo, además de todo lo que supone el macrohotel.

Los colectivos medioambientales almerienses no han dudado en hacer 'piña', como quisieron escenificar ante la Audiencia Provincial de Almería, y realizaron un llamamiento a la ciudadanía para que participe de forma activa en las movilizaciones que piensan llevar a cabo en la primera quincena de abril.

El portavoz de la Asociación de Amigos del Parque Natural y de Ecologistas en Acción, Enrique Ruiz, anunció además que van a llegar hasta el Parlamento Europeo «aprovechando las elecciones europeas, para presionar».

El portavoz del Grupo Cóndor, Juan Pedro González, confirmó que también seguirán la vía judicial y dijo que los servicios jurídicos de 'Salvemos Mojácar' «ven indicios de que el proceso no ha sido regular», por lo que tienen previsto presentar una querella criminal contra los magistrados que han fallado que el suelo donde se asienta la construcción es urbanizable.

Entre tanto, las reacciones políticas continuaron ayer y el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, fue el que más claramente se pronunció por derribar el hotel, mientras su formación política (IU), pidió a la Junta «pasos firmes y menos declaraciones de intenciones», por boca de su parlamentaria Rosalía Martín.

La sentencia ocupó también la atención de Juanma Moreno, presidente del PP-A, que en su comparecencia de la mañana culpó a la Junta de ser la «última responsable» de la que calificó de «maraña de el Algarrobico». Mario Jiménez, del PSOE, pidió al TSJA que aclare la confusión creada por su sentencia.