4.600 expedientes sin resolver desbordan al Fogasa que paga con un año de retraso

El Fondo de Garantía Salarial, la última puerta a la que llaman cada día decenas de trabajadores a los que su empresa les debe nóminas, indemnizaciones por despido o ambas cosas, arrastra ya un retraso en el pago de entre seis meses y un año. La avalancha de expedientes y las dificultades de liquidez son los principales motivos de esta demora que supera ampliamente el plazo legal y mantiene en vilo a centenares de asalariados en la provincia.

La sobrecarga en la oficina gaditana es tal que ha sido necesario enviar parte de los expedientes a los servicios centrales del Fogasa para intentar agilizarlos. Las cifras dan una idea más clara de la situación: a lo largo del año pasado este organismo tramitó 1.852 solicitudes, casi tres veces menos de las que tiene atascadas desde mediados de 2012. A día de hoy, el número de expedientes a la espera de recibir la orden de pago asciende a 4.596, según los datos que aportaron ayer los sindicatos CC OO y UGT durante una concentración que celebraron ayer ante la puerta del Fogasa en Cádiz para exigir soluciones.

La secretaria general de Comisiones Obreras, Lola Rodríguez, destacó que «Muchos de esos 4.596 expedientes son de carácter colectivo, con lo que el número de trabajadores afectados multiplica esa cifra». La situación de cada uno de ellos va desde el que tiene pagos pendientes tras un despido hasta aquel que no cobra su salario y tampoco puede acceder a la prestación por desempleo.

La responsable de CC OO recalcó que «gran parte de estos expedientes que aún no se han tramitado están fuera del plazo legal de resolución de tres meses que marca el reglamento llegando a acumular un retraso de casi dos años en algunos casos».

Por su parte, Ana de Vicente, secretaria de organización de UGT Cádiz, hizo hincapié en la sobrecarga de los funcionarios del Fondo de Garantía Salarial, cuya plantilla se reduce a seis efectivos en Cádiz. Así, señaló que a pesar de esta situación «una ampliación de presupuesto para su refuerzo está bastante difícil». Por eso mismo se tomó la decisión de pedir ayuda a los servicios centrales, que han recurrido a la empresa pública Tragsatec para que asuma algunos casos, pero la solución no convence a las centrales sindicales. Rodríguez aclaró en que se están dando situaciones «injustas y discriminatorias» como que trabajadores de una misma empresa que solicitaron su prestación hace casi dos años sigan sin cobrar y otros, en menos de seis meses, hayan sido resueltos.