Sanidad dota con 17 millones a la lucha contra la pobreza infantil

Es una de las medidas «exclusivas» de un enorme plan de inclusión social a desarrollar entre este año que termina y 2016. Un proyecto transversal en el que están involucrados casi todos los departamentos del Gobierno central, todas las comunidades y gran parte de los ayuntamientos, que son los que luchan a pie de calle con las personas más necesitadas. Un proyecto de 136.000 millones que fue presentado ayer por Ana Mato en el Consejo de Ministros como «el programa más ambicioso de la historia». Sin embargo, la iniciativa solo tiene una partida económica novedosa de las 240 que contempla el Plan Nacional de Inclusión Social: la pobreza infantil.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha destinado un fondo extraordinario de 17 millones dedicado solo a mejorar la situación de los más necesitados. El Gobierno tiene previsto reforzar la atención a los hogares con hijos en situación de privación material severa a través de los servicios sociales. Esta cuantía, por el momento, únicamente está prevista para el año próximo aunque no se descarta que se prolongue la partida hasta el fin del programa.

Junto a este plan infantil se ha puesto en marcha, con la colaboración de las entidades sociales, el Plan de Urgencia Social, dotado para este año con 20 millones, que está orientado a atender las situaciones de extrema necesidad de las familias, en especial de aquellas que tienen hijos menores. El plan también recoge medidas ya anunciadas por el Ejecutivo central, como los «numerosos» proyectos financiados con cargo al IRPF y orientados a la protección de los derechos de la infancia, prevención del maltrato infantil y para menores en dificultades, así como actuaciones para reforzar la ayuda a sus familias. En esta convocatoria se contará con 25,6 millones.

Por otra parte, el Ejecutivo garantizará que la pobreza no sea la justificación para una declaración de desamparo de los menores, con lo que se dará prioridad a la permanencia en la familia de origen.

Personas sin hogar

Otra de las medidas del macroproyecto es la creación de una estrategia nacional para el colectivo de las personas sin hogar. Sin embargo, no cuenta con ningún tipo de financiación, ya que por el momento se está viendo el panorama de esta realidad, que ha aumentado casi cinco puntos desde el comienzo de la crisis hasta los 22.938 personas que tiene contabilizados el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad considera que esta cifra puede que sea «sensiblemente más baja que la realidad», ya que solo contabiliza a las personas que han acudido a los centros. Los habitantes de la calle son en un 80% hombres, que se reparten casi por igual entre extranjeros y nacionales. Casi la mitad -44,5%- lleva más de tres años sin casa y casi la mitad están en esta situación por culpa de haber perdido un empleo.

Sanidad recalcó en su plan la «consolidación» del Fondo Social de Viviendas propiedad de las entidades de crédito destinadas a ofrecer cobertura a quienes hayan sido desalojados de su vivienda habitual por impago de la hipoteca. Una batería de decisiones que se han realizado después de escrutar las cuentas del Estado y las de las comunidades autónomas. Todos los proyectos, de cualquier administración, han sido incluido en este plan cuyo principal objetivo es la reducción de entre 1,4 y 1,5 millones en el número de personas pobres que hay en España. Por ejemplo, dentro de este proyecto están incluidas las pensiones mínimas, subsidios por desempleo, las pensiones no contributiva o el dinero que se destina a pagar la defensa legal de aquella personas son recursos.

«Se gastará 93 millones al día para luchar contra la exclusión social», espetó Mato después de que la reunión semanal del Ejecutivo aprobara este plan. Todas las partidas para 2013, a las que las Cortes Generales y casi todos los parlamentos autonómicos dieron el visto bueno hace ahora un año, suman 34. 600 millones. Gran parte de esta cantidad proviene del Estado, que aporta 25.131 millones, mientras que el resto viene de las arcas regionales -9.389 millones-. En la elaboración del plan no se han contemplado los fondos provenientes de Europa, ya que todavía no están aprobados por parte de las autoridades comunitarias. En sentido, el Gobierno ha tenido que adelantar 40 millones para poder abonar parte del Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos que todavía tiene que recorrer el camino europarlamentario.