De la incredulidad a la indignación

La noticia de que los contratos de los gaseros para los astilleros de la Bahía se habían esfumado saltó a primera hora de la mañana, pero los dirigentes políticos de la provincia se negaban a creerla. Uno de los primeros en hablar fue el presidente del PP provincial, Antonio Sanz, que se apresuraba a desmentir la información y a asegurar que desde Navantia le habían comunicado esa misma mañana que aún contaban con opciones para conseguir el contrato. «No coincide con lo que nos han transmitido desde el Gobierno Central ni desde la propia empresa», insistía. «Lo que nos han comunicado es que se sigue avanzando en estos contratos que son fundamentales para la Bahía de Cádiz» por lo que envió un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, consciente de que la noticia podría llegar a materializarse señaló que «de ser así, sería un gran golpe para la Bahía». A la misma hora, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se resistía a dar por definitiva la información que desinflaba la mayor esperanza de carga de trabajo de los astilleros gaditanos. Tras la Junta de Gobierno municipal, aún sostenía que «según las informaciones que manejamos, no es firme que se haya perdido» el encargo para la construcción de gaseros. Apenas tres horas después llegó la confirmación definitiva, oficial y formal. Teófila Martínez ya se había adelantado a esa posibilidad: «Es un duro golpe», admitió. Además, se inclinó por la opción de pedir responsabilidades a los técnicos o responsables de la empresa: «Alguien debe dar explicaciones, porque la culpa no la podemos tener siempre los políticos. Alguien debe decir por qué Navantia presentó sólo una estimación y no una oferta final», retó la alcaldesa.

Incomprensión absoluta

Desde el otro lado de la bancada política, la diputada socialista por Cádiz Mamen Sánchez anunciaba que su grupo pedirá la dimisión del presidente de Navantia si tras la pérdida del contrato de los gaseros se encuentra «una mala gestión» de la dirección de la compañía. Sánchez recordó las declaraciones del presidente de la empresa naval el pasado mes de septiembre cuando «daban por seguro estos contratos», y basaban en ellos «la futura carga de trabajo», por lo que no dudarán en pedir su dimisión ante lo que supondría «la nulidad demostrada para resolver un problema fundamental para la supervivencia industrial de la Bahía».

El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil se sumaba también a la crítica y se lamentaba de que «llevamos meses escuchando promesas de carga de trabajo» que no llegan. «Primero fueron las patrulleras que iban a encargar el gobierno de Australia y se perdieron, luego apareció otro contrato con Qatar que desapareció y también hemos perdido la oportunidad de los Buques de Acción Marítima». «La última esperanza parecía que iban a ser los gaseros» pero tampoco se construirán en la Bahía de Cádiz. López Gil aseguró que desde la Junta de Andalucía «seguiremos trabajando para que llegue carga de trabajo porque Navantia es el único sitio donde hay esperanza de contratación directa de personal y ninguna empresa que traigamos generará tanto empleo».

La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, optó ayer por pedir explicaciones de forma inmediata» ante «la situación que deja» al astillero puertorrealeño «la falta de contratos de trabajo». Peinado manifestó abiertamente su «incredulidad» ante la posibilidad de que «Navantia no haya llegado si quiera a presentar una oferta en firme para hacerse con el contrato de los buques de gas que finalmente se construirán en Asia» como se apuntaban en algunos medios de comunicación. La regidora de Puerto Real salió en defensa de los trabajos que «no pueden ser víctimas de más ataques y mentiras». «No se les puede pedir que no se manifiesten y que muestren comprensión cuando ni si quiera se plantea una oferta en firme ante la posibilidad de carga de trabajo según se ha publicado».

Desde Madrid, la Federación de Industria de CCOO expresó su «preocupación» ante las informaciones acerca de la concesión de los metaneros a astilleros asiáticos y «se sorprendió de la desidia de la Administración, que no ha movido un dedo para que sean los astilleros públicos españoles, que llevan meses demandando carga de trabajo, los adjudicatarios de la fabricación de estos buques». El sindicato «no entendió que dos empresas españolas como son Gas Natural y Repsol decidan llevarse el trabajo a países como Corea o Japón», cuando en España hay «empresas y trabajadores sobradamente cualificados para llevar a cabo la fabricación de los buques, y más en un momento de crisis como el actual». «Es en estos momentos», afirmó el sindicato, «cuando ha de demostrarse ese 'patriotismo' tan cacareado a la hora de reclamar sacrificios a los trabajadores».