El Gobierno andaluz plantea batalla contra el objetivo de déficit asignado

La Junta llevará a los tribunales el objetivo de déficit que el Gobierno central fijó a Andalucía, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado a finales del pasado mes de julio. Así se desprende del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del martes, el último de los que aprueba el Gabinete de Griñán, que ya ha entrado en funciones por la dimisión de su presidente.

El Ejecutivo autorizó a la Consejería de Hacienda a requerir que se modifique el reparto acordado y si en el plazo de un mes no obtiene respuesta positiva, acudirá a la vía contencioso-administrativa.

Andalucía esperaba obtener un 1,7 % de objetivo para 2014, pero la cifra, tras largas negociaciones bilaterales, se quedó en el 1,58%. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se abstuvo en la votación final del CPFF.

El recurso del Gobierno andaluz estima que hace recaer el «peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades, que son las responsables de la prestación de los servicios públicos como sanidad, educación, justicia o empleo».

El reparto para los tres próximos ejercicios se establece del siguiente modo, según explica Hacienda: 4,8%, 3,5% y 2,6% la Administración Central y la Seguridad Social, y por el otro, 1,0 %, 0 % y 0,2 % las comunidades autónomas.

A juicio del Gobierno andaluz, este reparto sitúa el objetivo de déficit por administraciones muy lejos de la estructura de gasto existente y supone que las comunidades autónomas alcanzarán el superávit estructural a corto plazo, cuando la normativa de estabilidad lo sitúa en el año 2020.

Además, Andalucía defiende mayor equidad en el relajamiento del objetivo de déficit que la Comunidad Europea concedió a España.

La obligación de cumplir este objetivo inquieta al Gobierno andaluz, que prevé unos ejercicios presupuestarios muy duros que pueden hacerle imposible mantener el programa de Gobierno firmado con IU, que incluye no recortar empleo público ni poder adquisitivo de los funcionarios. Además, de no lograrse el porcentaje de déficit fijado, Madrid prevé penalizaciones en la percepción de numerosas transferencias y ayudas.

La decisión de iniciar el procedimiento para recurrir fue respaldada por los socios de Gobierno de Izquierda Unida. José Manuel Mariscal, coordinador de la comisión ejecutiva, manifestó ayer que se trata de un objetivo «absolutamente injusto» e incluso dijo que la «vuelta de tuerca» del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contra la administración andaluza «es simplemente una invitación de carácter mafioso» para que las autonomías y ayuntamientos privaticen servicios públicos, según informa Europa Press.