El alcalde de Carboneras que quiso legalizar El Algarrobico culpa a la Junta

La culpa fue de la Junta de Andalucía y de los servicios técnicos y jurídicos municipales. Es la conclusión que se extrae de las palabras del ex alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández (PSOE), tras declarar como imputado ante la jueza de primera instancia María del Mar Alejo por presunto delito de prevaricación, al declarar como urbanizable la zona conocida como El Algarrobico, donde se levanta el hotel Azata del Sol.

El paraje, situado dentro del parque natural Cabo de Gata-Níjar, fue declarado urbanizable en un pleno del Ayuntamiento de 2009, cinco años después de levantarse el hotel (2003), al parecer con los permisos municipales. Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado año acabó con una década de polémicas y pleitos al declarar ilegal el edificio, por incumplir la Ley de Costas vigente al no respetar la servidumbre de protección de los 100 metros de playa. En teoría, con esta sentencia debería acabar la polémica, sino fuera por la controversia sobre quién debe pagar el derribo, presupuestado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en siete millones de euros. Hasta ahora, Gobierno y Junta han caminado de la mano a favor de la demolición.

No así los munícipes del Ayuntamiento de Carboneras, que durante años han podido realizar un doble juego. Es lo que quiere demostrar Ecologistas en Acción con su denuncia a los tribunales, secundada por la fiscalía, tanto contra el actual primer edil, Salvador Hernández, del grupo independiente GICAR, que gobierna con apoyo del PP, como contra el anterior, el socialista Cristóbal Fernández, ambos imputados.

En noviembre de 2008, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ordena al Ayuntamiento de Carboneras calificar como 'espacio protegido no urbanizable' el sector ST-1 (El Algarrobico) del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (aprobado por la Junta en febrero de 2008).

El auto, recurrido, no era firme en 2009 cuando el Ayuntamiento adapta las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación del Territorio (LOUA) de la Junta. Esta es la justificación que esgrimió ayer el exalcalde para calificar de urbanizable el suelo donde se levantaba el polémico hotel, pese a que el propio TSJA le advirtió severamente contra ello.

Fernández, lo mismo que los otros seis exediles de su gobierno imputados, esgrimen en su defensa que no hubo ningún informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales advirtiendo de lo contrario y que la calificación contó con «la aprobación» de la Junta de Andalucía.

Sin cambios

«Si hubiera sido alcalde en 2011, habría asumido todas las resoluciones de los tribunales con respecto a El Algarrobico, pero eso corresponde ahora al actual equipo de gobierno», señaló en referencia a las sucesivas sentencias. En cierto modo, el exedil culpa al actual de lo mismo que hizo él. De hecho, los terrenos siguen con la misma calificación, ya que el actual gobierno de Hernández tampoco lo ha cambiado, razón por la que los ecologistas intuyeron otro intento de legalizar el hotel pese a que el TSJA sentenció en 2012 que el ST-1 no es urbanizable.

Entre otros frentes judiciales abiertos respecto a este tema, hay otro decisivo que es el de la licencia municipal que tiene el hotel Azata del Sol y que está pendiente de ser anulada o no. Sentencia que tiene muchas probabilidades de conocerse en septiembre.