Primera denuncia de la Fiscalía contra una empresa por la estafa en la revisión del gas

Lo alertan las asociaciones de consumidores, los cuerpos policiales, los consejos se difunden constantemente; pero la cifra de víctimas por el conocido timo de la revisión del gas sigue aumentando. La estafa se reproduce por rachas y no hay municipio que no se haya librado de las visitas sorpresas de unos técnicos que llaman a las puertas de las casas para revisar las instalaciones por sorpresa, saltándose la normativa y cobrando a los incautos consumidores importantes facturas. Su presencia siempre la detectan las autoridades policiales cuando comienzan a llegar las denuncias a las comisarías y cuarteles y los funcionarios inician unas pesquisas que ya conocen de sobra su recorrido procesal. Desde la Fiscalía de Cádiz reconocen que esta situación les preocupa porque se trata de un tipo de estafa que no se le pone freno pese a los esfuerzos por informar a la ciudadanía. Las víctimas suelen ser el perfil más débil: extranjeros que desconocen la normativa o personas mayores que viven solas en sus viviendas. Con el objetivo de erradicar esta práctica que se ha cobrado en los últimos años a decenas de afectados (sólo se conocen aquellos que deciden denunciar su caso), el Ministerio Público apunta más arriba y ha presentado la primera denuncia contra la empresa para la que trabajan estos operarios.

El 'modus operandi' de estos inspectores se repite una y otra vez, como describe el Ministerio Fiscal en el escrito que acaba de enviar a los juzgados de Cádiz: se presentan en las viviendas y fuerzan a las víctimas, mediante advertencias de graves accidentes e incluso amenazas y violencia verbal, para que acepten a que les hagan la revisión de la instalación. Un trabajo que nunca sale gratis.

En los últimos años, las denuncias que han ido llegando a los juzgados iban dirigidas contra estos técnicos que siempre se identifican como trabajadores de la empresa Tecnogas Andalucía S.L. Estos procedimientos acaban resolviéndose mediante juicios de faltas que en caso de condena conlleva el pago de una multa. La realidad ha demostrado que estas sentencias no han servido para que dejen de actuar.

Con más de una década de vida

Esta estafa lleva más de una década cobrándose víctimas no sólo en la provincia gaditana. Consumidores de todo el país llevan años denunciándola. Ya en el año 2000 se produjo la primera condena de la Audiencia Provincial de Cádiz contra cinco técnicos por un delito continuado de estafa. Fueron sentenciados a doce meses de prisión. Pero este primer precedente de un procedimiento que no acababa en juicio de faltas no evitó que la práctica delictiva continuara.

Entre 2008 y 2011, trece operarios fueron detenidos en la provincia. Ese último año, tres jóvenes de entre 23 y 28 años fueron arrestados por acumular hasta 26 denuncias de afectados sólo en la capital. Fue entonces cuando el Ministerio Público pidió a los distintos juzgados de la ciudad donde habían recaído las denuncias que se unificaran todas en un único procedimiento para que al menos los tres imputados fueran juzgados por un delito y no por varias faltas.

Pero la historia volvía a repetirse una y otra vez. En la denuncia que acaba de presentar la Fiscalía menciona los trece atestados policiales que entre enero y noviembre del año pasado elaboraron agentes del Grupo de Delincuencia Urbana nº 1 de la Comisaría Provincial a partir de las denuncias formuladas por afectados de la capital para evidenciar cómo está extendido el timo pese a que no es nuevo. Y sube un peldaño señalando a la empresa para la que trabajan los técnicos como persona jurídica que podría ser «penalmente responsable». Hasta la fecha no se ha actuado contra esta sociedad como recuerda el fiscal en su escrito. Éste argumenta que la citada empresa podría no haber ejercido el debido control sobre sus trabajadores, los cuales han llegado a «utilizar en algunos casos la violencia verbal, la intimidación y las amenazas sobre posibles perjuicios que puedan ocurrir en caso de que los titulares de las viviendas nieguen la revisión».

La Fiscalía recuerda que la normativa concerniente a instalaciones de gas, que se recoge en el Real Decreto 919/06 sobre distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones, especifica que es el titular o usuario de esa instalación a quien le corresponde solicitar cada cinco años la revisión, la cual debe ser efectuada por un técnico habilitado y que disponga de la cualificación exigida. Es decir, en ningún caso está obligado el consumidor a aceptar las condiciones que le imponga un operario que visite su casa por sorpresa aunque esté autorizado a realizar esos trabajos.