Recta final en la batalla de la PAC

Cunde el nerviosismo en el sector agrario andaluz en vísperas del crucial Consejo de Ministros de Agricultura, que tendrá lugar en Luxemburgo el lunes y el martes y que debe aprobar la Política Agrícola Común. Quedan cuestiones importantes por decidir en una partida que supone para Andalucía dos mil millones de euros de ingresos, un cuarto de la renta de los productores y 280.000 empleos directos.

El ministro irlandés de Agricultura, Simon Coveney, país que ejerce la presidencia de turno de la UE, espera que en este consejo de dos días queden cerrados los puntos esenciales de la reforma de la PAC, tras finalizar los 'trílogos', las negociaciones a tres bandas entre Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. Después vendrá una fase no menos procelosa, el reparto de la bolsa española entre las comunidades autónomas, donde se terminará de decidir cuánto toca al campo andaluz. A finales de julio se calcula que ya se despejará definitivamente la incógnita. A partir de entonces los agricultores sabrán «qué hay de lo mío».

Para bien y para mal, para hacer valer la condición de extrema importancia y el alto riesgo de sus resultados, Andalucía es la «punta de lanza» de la agricultura española, pues alberga casi todos los sistemas productivos y su producción supera el valor de 18 estados miembros, según los datos de la Junta de Andalucía. El campo aporta el 8% del PIB andaluz y el valor de las producciones alcanzó los 9.932,5 millones de euros 2012, el 25% de la producción de la rama agraria española. Datos a tener en cuenta en la fase posterior de asignación entre comunidades.

Más contundencia

Después de casi un año de ir «radiando» el estado de las negociaciones, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, guarda ahora fielmente el guión y mantiene su línea de prudencia, sin dejar de dar una información exhaustiva de la compleja cuestión que se negocia, pero a la vez sin aventurar un pronóstico, quizá para evitar que los hechos le desmientan, quizá para que no se tuerza un final que puede ser bastante más feliz para los intereses andaluces de lo que se podía esperar en un marco financiero que viene en modo 'recorte draconiano'.

Pero muchos le piden firmeza y contundencia: el miércoles en el Parlamento, los socios de Gobierno de IU; el viernes en rueda de prensa los sindicatos y las organizaciones agrarias COAG y UPA. No es esa la opinión de ASAJA, para quien la actitud de Planas es «responsable» y «Andalucía lo está haciendo bien». El consejero dice que «soy educado, pero no soy blando y quienes negocian conmigo lo saben». De modo que no ceja en su actitud, y menos cuando ya está tan cerca el momento determinante.

Buen conocedor de las dinámicas comunitarias, pues trabajó durante años en Bruselas, como jefe de Gabinete del comisario Solbes, como eurodiputado y como embajador de España, Planas mantiene un estrecho contacto con las instancias de la CE y una antigua amistad con el hoy ministro Arias Cañete, forjada incluso en la defensa de los intereses españoles de la PAC. Por eso su estrategia ha estado basada en la unidad de acción con Madrid para defender los intereses comunes, algo que le ha valido el elogio del PP, que el miércoles en el Parlamento calificaba de «exquisita y objetiva» su comparecencia, pero también los recelos de sectores de su propio partido que querrían más leña.

En todo caso, el tema de fondo no es sino cómo va a quedar la agricultura andaluza para el próximo marco 2014-2020, aunque el primero de estos años será de prórroga del anterior, año de «PAC vieja y presupuestos nuevos», se dice en el sector. Ahí quedan importantes incógnitas por despejar. Luis Planas cifra como principal problema la llamada convergencia interna, es decir la homogeneización de los pagos que reciben ahora los agricultores, junto con la aplicación del 'greening' o 'pagos verdes'.

Andalucía quiere que la PAC «contemple la diversidad productiva andaluza y minimice el impacto en las ayudas que reciben los agricultores», dijo el consejero en el Parlamento, y reclamó que Bruselas realice «un diseño adecuado de región que permita aceptar la incorporación de un pago mínimo, tomando como referencia un determinado porcentaje de pago medio regional, tal y como se encuentra este tema actualmente sobre la mesa de negociación».

Parece que a la mesa del consejo, los ministros de Agricultura europeos llegarán con un avanzado consenso respecto al 'greening', «tras la propuesta de la Comisión de una lista de medidas agroambientales que se considerarían equivalentes a las exigencias de reverdecimiento». En cuanto al agricultor activo, Andalucía considera que una lista obligatoria corta negativa, que posteriormente pudiera ser ampliada a un ámbito de Estado, podría ser una solución de compromiso aceptable. En cuanto al Régimen de Jóvenes Agricultores, Planas quiere que cada país determine el tamaño medio de la explotación en función del territorio.

Igualmente, espera conseguir «los instrumentos adecuados para afrontar la creciente volatilidad de los mercados y los desequilibrios de la cadena alimentaria, ya que aproximadamente el 80% de la renta de los agricultores procede del mercado».

Planas considera «crucial» que Andalucía mantenga el mayor grado posible del presupuesto de la PAC, así como el reparto sectorial y territorial de las ayudas», aun consciente de que recorte habrá.

El sector

La organización ASAJA cree, no sin prudencia que hay buenos augurios. Antonio Caro, secretario general, explicó que se ha conseguido que el criterio respecto a las superficies elegibles nos sea favorable y que se implante un concepto de regionalización que acaba con la tasa plana, que se consideraba catastrófica para la agricultura andaluza. Quedan importantes incógnitas por resolver, como el grado de convergencia, que esperan que se relacione con la comarcalización, la flexibilización de los requisitos del 'greening', una tasa respecto a la cual tienen muchas reservas, y las superficies de «enfoque ecológico» que habrán de reservarse en las explotaciones agrarias.

En cambio, para COAG los pronósticos son pesimistas. Miguel López, secretario general, cree que se ha perdido una oportunidad para ordenar los mercados y garantizar estabilidad en los precios, hasta el punto que ha dicho que la reforma puede acarrear en el futuro una situación de «crisis alimentaria». Agustín Rodríguez, de UPA Andalucía, rechaza la tasa plana y que supondría pérdidas de 500 millones de euros.

«Consenso paralizante»

Las dos organizaciones agrarias mantuvieron el viernes una reunión con los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía en la que cuestionaron la actuación del consejero y criticaron la «actitud buenista de consenso paralizante» que mantienen éste y el ministro de Agricultura. Francisco Carbonero, líder de CCOO-A, llegó a decir que «huele a chamusquina» la «ambigüedad calculada» de las dos administraciones, «al no decir la verdad sobre como está el pescado vendido en el dinero de la PAC y cómo va a afectar a España y a Andalucía».

En cambio ASAJA elogia la actitud de Planas: «Si se va a Bruselas de vez en cuando se sabe que ahí las regiones no cuentan, sino los Estados». También valora que en la posición española se han introducido conceptos que interesaban a Andalucía y no a otras comunidades gracias a su labor. El momento de la discrepancia puede venir luego, a la hora del reparto interno, dice Antonio Caro, «aunque no tiene por qué ser así».