El TSJA ratifica la pena contra directivos de Mercasevilla por la extorsión a empresarios

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado en todos sus extremos la condena contra tres directivos de Mercasevilla por cohecho, al solicitar una «mordida» de 450.000 euros a un grupo de empresarios. La denuncia del intento de soborno dio origen a la investigación de los ERE fraudulentos que lleva a cabo la jueza Mercedes Alaya

La sentencia, de noviembre pasado, emitida por el juez Angel Márquez, supuso la primera condena contra un alto cargo de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, entonces delegado en Sevilla, que deberá cumplir 21 meses de inhabilitación y una multa de 600.000 euros, la misma condena que fue impuesta a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. La sentencia, tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, consideraba probado que los tres condenados pidieron una comisión a los representantes del grupo La Raza Pedro Cuerda y José Ignacio Rojas, como compensación para gestionar una escuela de hostelería para la que la Junta había concedido una subvención de 900.000 euros.

El TSJA desestima íntegramente los recursos de apelación. Su veredicto puede ser recurrido ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En su fallo, la sala de lo Civil y Penal del TSJA da por válidas las escuchas grabadas por los empresarios extorsionados, pues considera que estuvieron apoyadas por la declaración de los mismos en el juicio oral y que al ser privadas no necesitaban autorización judicial.

También confirma la participación de Rivas en el caso y, aunque admite que es la «cuestión más delicada y difícil», considera que «existe una base razonable para la condena impuesta» al entonces delegado de Empleo en Sevilla.

Mellet, recuerda la sentencia en su amplia argumentación, dijo a Ponce que Rivas le había indicado que pidiera el dinero a los empresarios de La Raza, que también lo dijo a un policía nacional y considera que sólo el delegado provincial de Empleo podía cumplir la promesa de adjudicar a éstos los cursos de formación de dicha escuela. «La solicitud de la dádiva», dice el alto tribunal andaluz, «era mucho más arriesgada si no contaba con la implicación de Rivas».

El TSJA rechaza también el recurso de la defensa de Ponce y dice que «no podía ignorar que estaba colaborando con un cohecho de una autoridad pública». Ponce había accedido a Mercasevilla como vigilante de puerta y desempeñó funciones de directivo.

Este es el primer juicio del 'caso Mercasevilla' que llega a consumarse. Hoy continuará otro de los cuatro procesos derivados de la gestión del mercado, referido a la supuesta connivencia entre cinco grupos empresariales en la venta de los suelos. Entre los citados a declarar ante la jueza Alaya como imputados están dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Se trata de Eduardo Báñez García, consejero delegado de la empresa Construcciones Juan de Robles y firmante de la oferta presentada pro su empresa, y su hermano Juan Nicolás, consejero delegado solidario.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de los directivos de las cinco empresas por su presunto «previo e ilícito concierto para acudir al concurso con la premeditada idea de fijar un precio de los terrenos favorable a Sanma».