IZQUIERDA UNIDA COGE LA BANDERA

E S curiosa la rapidez con la que el PSOE ha actuado para apuntarse en su haber el decreto en defensa de la función social de la vivienda de Andalucía. Hasta Rubalcaba -que formó parte de un gobierno que no creyó en la dación en pago- ha abanderado a nivel nacional esta iniciativa que, no olvidemos, responde al sello de Izquierda Unida en la Junta. Más concretamente al equipo de Elena Cortés, la consejera a la que le gusta que la tilden como la más roja del gabinete de Griñán. Es cierto que sin el apoyo explícito del presidente el decreto de las expropiaciones a los bancos para frenar los desahucios no hubiera podido salir adelante. Pero como otras muchas veces, IU descubre la pólvora y es el PSOE el que lanza los cohetes.

Con este decreto IU deja patente que lleva la iniciativa en el Gobierno de la Junta. Ha sido la única medida de calado desde el plan por el empleo del pasado junio. Ha llegado tras más de 40 consejos de gobierno vacíos de contenido. Bien es cierto que no hay dinero. Pero a la consejera de Fomento no le ha hecho falta mucho dinero para sacar adelante un decreto que, por lo pronto, acapara atención internacional por su valentía por sacarle las uñas a los bancos en defensa de los desahuciados.

Es una medida sin duda populista y con recorrido incierto no tanto por inseguridad jurídica -como insiste el PP-, sino porque el Gobierno no puede dejar que le haga sombra a su propia propuesta contra los desahucios. Lo más seguro es que Rajoy busque una fórmula para desactivar el decreto andaluz. Cómo lo hará es la gran incógnita. El PP andaluz no quiere un recurso al Constitucional, que paralizaría ipso facto las expropiaciones y las sanciones por las casas vacías. Si lo hace, dará a IU una bandera impagable, dada la popularidad y el respaldo de la sociedad a las plataformas antidesahucios. Esto explica la agilidad de Rubalcaba.

El decreto andaluz ha puesto en evidencia la tibieza del Gobierno central ante un problema social grave y acuciante. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional y miles de ciudadanos se están viendo en la calle por culpa de una legislación proclive a la avaricia de los bancos, a la que ya el tribunal Europeo la he dado un roscón. No es baladí que los que parecen más contentos con el decreto sean los jueces. Son los que deciden en última instancia que se despoje a una familia de su casa. A nadie le gusta ser el mensajero de las malas noticias.

El decreto de las expropiaciones ha aguado el incendio político de los ERE, con el que el PP había levantado cabeza en Andalucía. Zoido ha insistido esta semana en vaticinar imputados en el Gobierno de Griñán, aunque descarta a este. Su vaticinio coincide con el cerco de su partido a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a la que ha obligado que explique en el Parlamento por qué señala como responsable político a Viera, aún sin ser imputado en el caso. Aguayo le ha dado un hilo del que tirar al PP sobre los ERE, lo que ha molestado mucho a su partido. Tanto que ni se está molestando en defenderla de las acusaciones del PP.