Suvipuerto no practicará desahucios pero cobrará el IBI a los propietarios

El equipo de Gobierno no retirará la nueva Ordenanza Municipal de Vivienda, que contempla subidas de hasta el 67 sobre el precio del alquiler, la repercusión del IBI a los inquilinos y la retirada de las bonificaciones para los casos de economías más precarias. La moción conjunta que PSOE, IP e IU presentaron en el pleno municipal celebrado ayer fue rechazada por populares y andalucistas, para disgusto de los inquilinos que acudieron a la sesión y que los increparon durante sus intervenciones y tras conocer su voto. No obstante, el Gobierno insistió en que no habrá desahucios y la concejalía de Bienestar Social continuará dispensando ayudas para el pago de alquiler de portuenses sin recursos.

La oposición criticó que, a pesar del compromiso verbal del concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, de que ningún inquilino que demuestre no poder pagar será desahuciado, muchos de ellos están pasando por los juzgados. «Es el juez quien está teniendo la sensibilidad de que estas personas no vayan a la calle. Esa no es la intención de Suvipuerto». La portavoz de IP, Silvia Gómez, se refirió de este modo a la empresa municipal de la Vivienda, Suvipuerto, que ha promovido la nueva ordenanza como parte de su plan de ajuste.

En este sentido, el portavoz socialista, David de la Encina, señaló que la sociedad ingresará 41.700 euros en concepto del IBI, y que el año pasado gastó 50.000 euros en publicidad. «Al 'cyberconcejal', que no acude a las reuniones que convocan los vecinos y sí las ve por Internet, no les importa lo que les va a pasar a 400 familias, muchas de ellas con rentas mínimas que las sitúan bajo el umbral de la pobreza».

Ruiz, por su parte, aseguró por un lado que las subvenciones para pagar las rentas ya no son admitidas por la Intervención Municipal y con respecto al IBI, que Suvipuerto se ciñe a cumplir el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía solicitado por la Junta. Éste expone que la Empresa Pública de Suelo, EPSA, «puede y debe repercutir la cuota liquida del IBI» sobre los arrendatarios. La subida de rentas, según explicó el andalucista, responde a lo que marca el Plan Andaluz de Vivienda.

Pero estas explicaciones no fueron suficientes para la oposición que, ante la previsión de que su propuesta sería tumbada, habían presentado otra para que el área de Bienestar Social, en su presupuesto para 2013, contemplara una partida suficiente para compensar la eliminación de las bonificaciones sobre los alquileres.

En marcha

La edil responsable, Mariola Tocino, replicó que esto ya se está haciendo con todos los portuenses que no pueden pagar su alquiler, ya sea en viviendas públicas o de renta libre. «Hay más de 400.000 euros presupuestados para alquileres, luz y agua. Lo que no vamos a hacer es aprobar una partida específica para los inquilinos de viviendas sociales y discriminar a los que no lo son».

El Pleno ordinario de abril estuvo marcado por los asuntos de viviendas. Otro punto que sí salió adelante la propuesta de los andalucistas para instar a la delegación territorial de Fomento y Vivienda a paralizar los expedientes de desahucio iniciados en las viviendas del Ministerio de Obras Públicas.

Las conocidas como viviendas del Mopu, que son 24 en total: 12 bajo la competencia de la Junta y la otra mitad del Estado. Estas viviendas fueron concedidas de forma temporal y sin cargas a empleados de la dirección general de Carreteras y Caminos durante el periodo en que estuvieran trabajando. Según Ruiz, en estos momentos dos de ellas están vacías, en cuatro residen trabajadores y en las seis restantes hay iniciados expedientes de desahucio. IU defendió su gestión en la Junta y la concejala Angelines Mancha explicó que no se trata de desahucios, sino de desalojos. «La diferencia está en que estas personas han perdido su derecho a residir en esas viviendas en 1989, 2002 y 2003 por citar algunos casos. No están pagando alquiler y por dejadez de la administración no han sido desalojadas antes».

Mancha aseguró que la Junta se ha comprometido a estudiar caso por caso «y a no dejar a nadie en la calle». Pero Ruiz criticó la «doble moral» del Gobierno andaluz por permitir que en las viviendas sociales de su competencia -La Inmaculada, Valdés...- los inquilinos residan sin tampoco pagar sus rentas, a las que sí están obligados. Otro asunto relacionado con materia de vivienda que se debatió en el Pleno fue la moción del PA para que la Junta limpie y conserve el arroyo del Carrillo, que es el causante del peligro de inundación del Poblado a diferencia del río Guadalete, como sostiene la administración autonómica para no autorizar la construcción de VPO. Este punto obtuvo el voto unánime de la Corporación, una vez que se admitió la enmienda del PSOE para que se encargue un estudio hidrográfico completo de la zona.