Tomás Pérez Sauquillo, en una imagen de archivo. :: SUR
ANDALUCÍA

Imputado por malversación el expresidente de Invercaria

Citados también seis altos cargos vinculados con la investigación sobre Ferias Internacionales Virtuales

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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El expresidente de la empresa pública andaluza Invercaria Tomás Pérez Sauquillo ha sido citado a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad por el juzgado de Instrucción nº 16 de Sevilla. El juzgado investiga los criterios de reparto de subvenciones, las normas de contratación y el presunto desvío de fondos públicos en la sociedad de capital riesgo y los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y coacciones.

La providencia del juez Juan Gutiérrez, que ayer dio a conocer el PP, cita a Pérez Sauquillo a declarar el 13 de mayo y también imputa por los mismos delitos al presidente de la empresa malagueña Novasoft, Francisco Barrionuevo, que deberá declarar el 16 de mayo; el máximo responsable del Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill, citado el 21 de mayo; y Juan Antonio Bardón como representante de Innovaes Formas de Comunicación, citado el 17 de mayo. Asimismo, son imputados José Luis Hidalgo, gerente de FIVA,que deberá acudir el 22 de mayo; el analista de Invercaria Gonzalo Alba Beteré el 23 de mayo y el empleado de esta misma sociedad Antonio Nieto, el 15 de mayo.

El juez, que ya en octubre pasado abrió investigación a Pérez Sauquillo y a la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), dictó la imputación tras recibir, el pasado día 13, el atestado del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional.

Anticorrupción pidió al juez que recabara diversa documentación, como la subvención de 239.915 euros, en forma de incentivos, que la agencia andaluza IDEA entregó a FIVA en 2007, como parte de un compromiso de inversión de 773.921 euros.

El PP, a través de Carolina González Vigo, reclamó al presidente Griñán y al consejero de Economía que den explicaciones públicas y actúen con «transparencia y verdad» para evitar que Invercaria «se convierta en el caso ERE II».