El Gobierno se debate ante la transparencia 'real'

¿Debe someterse la Casa Real al escrutinio de la ley de Transparencia? La tramitación en el Congreso de esta norma ha puesto la cuestión sobre la mesa y ahora el Ejecutivo debe decidir si accede a la petición de la oposición y de buena parte de la opinión pública para que las cuentas y la gestión del Rey sean auditadas por el poder público y queden expuestas a la vista de todos los ciudadanos.

En abril de 2012, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó durante la presentación del anteproyecto que la Casa Real quedaría fuera de su ámbito de aplicación de la norma ya que «no es una Administración Pública». Un límite que por definición también abarcaría a los partidos. Diez meses después, con un mapa político salpicado ahora por la corrupción en general y un PP acuciado por el escándalo de una supuesta contabilidad B en particular, el Gobierno ha cambiado su posición inicial, al menos parcialmente. El 13 de febrero Mariano Rajoy anunció que las fuerzas políticas estarían incluidas en la citada ley, aunque nada dijo de la Corona. El presidente sí dejó alguna puerta abierta para ello durante su discurso del Debate sobre el estado de la Nación: «Propongo que los criterios de la ley de Transparencia se apliquen también a los partidos, las organizaciones empresariales y sindicales y, en general, a todas aquellas entidades que se financien fundamentalmente a través de fondos públicos». La Casa Real recibe de forma anual su asignación de los Presupuestos Generales del Estado lo que, en teoría, la incluiría en el marco de la regulación avanzada por Rajoy, si bien el pasado viernes la vicepresidenta pareció anular esta impresión y reiteró que esta posibilidad a día de hoy no se contempla.

La Constitución Española establece en su artículo 65 que la asignación a cargo de los Presupuestos «no está sujeta a justificación y el Rey la administra y distribuye libremente». De esta forma, se conoce la cantidad aportada -7.933.710 euros en 2013-, pero es una incógnita de qué forma se gasta este dinero, al igual que tampoco es de dominio público el patrimonio de los miembros de la Familia Real, los contratos que firman, las sociedades que poseen.... Todos estos datos saldrían a la luz de quedar la Corona bajo el compromiso de transparencia.

Posiciones coincidentes

Políticos, juristas y académicos coinciden en lo idóneo de hacer públicas las finanzas de la Casa Real aunque difieren en el modo más conveniente de hacerlo.

Para Iñaki Anasagasti, senador del PNV, en un Estado democrático «la transparencia debe ser la misma tanto para el Rey y como para el último vasallo». Fernando Sanz, que representó al PSOE en la Cámara alta durante dos legislaturas y hoy ejerce como secretario general de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales, mantiene la opinión de que «todo ciudadano, llámese Rey o por cualquier otro nombre, debe presentar sus cuentas, máxime cuando es el jefe del Estado. No puede quedar ninguna duda al respecto».

Desde el mundo de la judicatura, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, defiende que «la Corona debe dar cuenta de sus gestiones y gastos a los ciudadanos. La opacidad no debe tener caída en una democracia». Y, aunque también aboga por la transparencia en los aspectos que conciernen a la Casa Real, el historiador Fernando García de Cortázar apuesta por reglamentarla fuera de la ley que prepara el Gobierno para los poderes públicos. «Plantear la inclusión de la Monarquía en el ámbito de la ley de Transparencia, consiste, a mi juicio, en una errónea interpretación de la necesidad de control que tanto la sociedad como la clase política reclama para la institución después de los últimos incidentes. Creo que hay que pensar en una Ley Orgánica de la Corona que desarrolle y regule de manera precisa el ejercicio de sus funciones y que, por supuesto, establezca los mecanismos de control necesarios», sostiene.

Beneficioso

En cualquier caso, el acceso de la ciudadanía al libro de cuentas de la Casa Real no dejaría de ser algo beneficioso para la propia Corona, según coinciden casi todos los entrevistados. En opinión del filósofo Fernando Savater, de informarse a los ciudadanos de cómo el Rey dispone del dinero público que se le asigna «todos estaríamos más tranquilos, empezando por la propia Casa Real». «Con la que está cayendo y la desafección que existe a las instituciones creo que a la Casa Real le conviene que la gente no albergue la menor duda de lo que cobra y lo que paga», añade Sanz Alonso.

En cualquier caso, concluye Anasagasti, el daño ya está hecho: «Tanto PSOE como PP han cometido un gran error al sobreproteger a la Corona; si no lo hubiesen hecho esta no cargaría ahora con el desprestigio que tiene encima».