Imagen de la laguna de Santa Olalla, en pleno corazón de Doñana. :: EFE
ANDALUCÍA

Doñana, en alerta

El proyecto para almacenar gas en el subsuelo, ampliar el gasoducto y realizar nuevas prospecciones enciende las alarmas sobre la conservación del espacio natural más importante de Europa

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Los líderes de los grandes grupos ecologistas, que entre ellos se llaman 'el G 5', tomaron el martes el AVE a Sevilla para reunirse con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Todas las alarmas de SEO/Birdlife, WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra están encendidas desde que se supo, hace quince días, que el proyecto de búsqueda y almacenamiento de gas en Doñana pasaba el filtro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La iniciativa de la empresa Petroleum Oil & Gas, de Gas Natural Fenosa, ha desatado una tormenta política de alcance ya internacional: La Unesco y el convenio Ramsar de Humedales han anunciado que vigilarán de cerca la situación del espacio natural más protegido de Europa.

En Andalucía, todas las miradas apuntan a la Junta, donde los socios de gobierno del PSOE, IU-LV-CA, han encabezado la rebelión contra el proyecto. El Gobierno andaluz dice que no hay diferencias de criterio en su seno, solo que su expresión es más medida que la de los líderes de Izquierda Unida: «La Junta no va a autorizar nada que sea perjudicial para Doñana», dice el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, como también ha manifestado el presidente Griñán. La intención de Planas es situar el asunto en un plano técnico, «lejos del pim-pam-pum político», y esperar a tener los informes medioambientales, jurídicos y especializados. Sin embargo, los ecologistas no se fían y quieren garantías. «Que se moje», dice Antonio Ramos, de Ecologistas en Acción. «El PSOE tiene que decir que no», añade.

Tramitación

El asunto viene de lejos. Gas Natural actúa en Doñana desde los años 80, explotando bolsas de gas en el subsuelo. Al agotarse éstas presentó cuatro proyectos de nuevas prospecciones, prolongación del gasoducto y de almacenamiento de gas en el subsuelo. Dos de ellos, Marismas Occidental y Aznalcázar, están situados fuera del perímetro del Parque Natural, pero otros dos, Marismas Oriental y Saladillos, se encuentran dentro, en zona de preparque. Ninguno está en el Parque Nacional, según Agricultura. La distinción no es válida para los grupos ecologistas, que piensan que los daños no distinguirían límites administrativos.

La llave final la tiene el Ministerio de Industria, que no quiso hacer valoraciones hasta que no termine el proceso. «Está en curso y falta información por recabar», dijo un portavoz.

El ritual es el siguiente: Industria pasa el expediente al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que a su vez recaba información de la Junta de Andalucía, y luego toda la documentación vuelve a Industria, que decide.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente explicó por su parte que «ha tramitado con todas las garantías y aplicando criterios objetivos y de carácter técnico» y que «cuentan con todos los informes preceptivos, entre otros, el de la Junta que ha informado de la no existencia de impactos ambientales significativos» en las DIAs. Asegura que sus informes han sido hechos con todo rigor, como ha dicho el ministro, Miguel Arias, y recuerda que quedan nuevos permisos por obtener, entre ellos de la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y entidades locales.

Riesgos

En este punto del fárrago administrativo, las miradas se centran en lo que se llama 'Autorización Ambiental Unificada', que la Junta debe otorgar, denegar o conceder con condiciones. Ahí es donde Planas pide parar y templar, hasta que se tengan todos los datos: «La protección y conservación de Doñana está por encima de cualquier consideración, pero hay que tratar el expediente de acuerdo con las normas ambientales autonómicas, nacionales y europeas».

Pero ¿cuáles son los riesgos? Para Antonio Romero, de Ecologistas en Acción, almacenar gas en Doñana va a suponer, primero, recurrir al 'fracking' o rotura hidráulica, algo que tanto el ministerio como expertos de la Junta niegan. Después, dice, se inyectarán hidrocarburos en la roca fracturada, «porque no se trata de una bolsa, o de una cueva, sino de intersticios en la roca». El gas, piensa el ecologista, puede migrar y contaminar acuíferos o explotar e incluso causar incendios. El fantasma del desastre de Aznalcóllar sobrevuela aún.

Tampoco les convence el argumento de que el gasoducto ya existe: se ampliará en 24 kilómetros, además de sustituirse tuberías antiguas por otras nuevas, y se va a inyectar gas procedente de descarga en el puerto de Huelva, con «centrales de derivación» para «insertar en recintos» y Ramos se pregunta a qué presión y con qué garantías . No le vale el argumento de la creación de empleo «porque los puestos acabarán en cuanto acabe la obra», y pregunta a quién beneficia: «A la compañía, que va a especular con el gas, que lo almacenará cuando sea más barato y lo venderá cuando suba el precio», se responde.

El proyecto, resume, es «demencial» y «afecta al corazón del parque, a su pulmón». De modo que apelarán a las instancias necesarias, «caiga quien caiga», y si se pierden ayudas europeas «que asuman su responsabilidad» quienes lo autoricen. Ya WWF ha emprendido una amplia movilización, con recogida de firmas y gestiones en Europa. Sus reuniones con Ramsar y con la Unesco, el viernes en Suiza, motivarán la intervención internacional y se puede hasta poner en peligro la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Juanjo Carmona, de WWF, reclama que los expedientes se unifiquen, que se haga un estudio total sobre la influencia del gas en el parque y tiene claro que «hay otros lugares para desarrollar esta actividad, alternativas que no ponen en riesgo un espacio natural tan importante como Doñana».

Seo/BirdLife, por su parte, también coloca la pelota en el tejado de la Junta: «Tienen que emitir el certificado de no afección a la Red Natura 2000», es decir si afecta a especies en peligro de extinción, como el lince, el águila imperial ibérica o la cigüeña negra. «España tiene frente a Europa una gran responsabilidad de conservación de estas especies», por lo que recibe fondos y «no puede tirar por la borda los esfuerzos realizados».