Más de 16.500 firmas recogidas para reformar la Ley Hipotecaria

Ocho meses han pasado desde que comenzó la campaña. En julio, ya eran 9.300 firmas las que la Asociación chiclanera de Afectados por la Hipoteca entregó en el Censo Electoral de Cádiz para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que comenzó a gestarse en marzo de 2011 en Cataluña. Poco tiempo después, en octubre, ya sumaban 12.000 los apoyos a la reforma de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social.

No obstante, la plataforma nacional de este movimiento decidió ampliar unos meses más la campaña para llevar al Congreso de los Diputados el doble de las 500.000 firmas que necesita una Iniciativa Legislativa Popular. Desde Chiclana, y recogidas en toda la provincia, se lograron entregar ayer más de 16.500 firmas para cerrar la campaña.

De forma proporcional a su población, a la provincia gaditana le corresponderían un total de 14.000 rúbricas y a la ciudad de Chiclana 827. Cifras que se han logrado superar con creces y de lo que el presidente del colectivo, Juan José Sánchez Romero, se mostró «muy satisfecho». «La gente, según ha visto más casos en los medios de comunicación, se ha volcado más», añadió.

Además de la población, en este último año en que se han multiplicado los casos de desahucios a lo largo de todo el país, Sánchez Romero consideró que la política «también se inclina hacia esta Iniciativa Legislativa Popular porque es un asunto que cae por su propio peso y parece que últimamente ha más conciencia sobre ello». «La reforma de la Ley Hipotecaria, que data de 1908, es una necesidad actual de la sociedad civil», concluyó el presidente del colectivo que se ha mostrado más activo en esta campaña «en toda Andalucía, según los resultados», agregó.

De cara a 2013, Juan José Sánchez Romero apuntó que «disminuirán» los casos de desahucios. Entre otros motivos, «porque la Unión Europea ya ha tirado de las orejas a España por la legislación perversa que tenemos y que desprotege al usuario». Por este motivo, consideró que las fuerzas políticas «deben responder a esta presión, así como la que efectuamos desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de la propia ciudadanía en general».