Andalucía será la primera en recurrir al Constitucional la Ley de Tasas

El Gobierno andaluz que preside José Antonio Griñán se ha adelantado una vez más a su jefe político en el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha aprobado interponer un recurso contra la ley del Gobierno que establece las tasas judiciales y que entró en vigor el pasado mes de diciembre. El PSOE también ha anunciado un recurso al alto tribunal, así como otros colectivos de la abogacía y de consumidores, pero es la Junta de Andalucía la primera en aprobarlo. Con este son ya cuatro las demandas al Constitucional que presenta la administración andaluza contra medidas del Gobierno de Rajoy.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, fiscal de profesión, explicó ayer que la Junta recurre por considerar que los artículos 1,2,3,4 y 7 de la Ley de Tasas Judiciales vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Razonó que la norma elimina la exención anterior a las personas físicas y las entidades sin elevado volumen de facturación, además de ampliar y elevar las cuantías a costes que pueden ser inasumibles por muchas personas.

Llera sostuvo que se trata de una ley con propósito «disuasorio» y añadió que hará que a la Justicia solo puedan acudir las personas muy pobres, para las que seguirá siendo gratuita, y las personas ricas. «Es un ataque directo al derecho de igualdad de los artículos 14 y 24 de la Constitución», subrayó.

Para Llera, la ley de Gallardón «impide el acceso a los tribunales de Justicia de una franja enorme de ciudadanos», ya que, agregó, las tasas que aplica a las personas físicas son desmesuradas para la clase media trabajadora y para las pequeñas empresas.

Discriminación

Para el consejero, el establecimiento de tasas en el orden social que recoge el artículo 2 «discrimina» al trabajador que recurre en defensa de sus derechos frente al empresario, por cuanto este tendrá más recursos. También subraya la discriminación entre el ciudadano y la administración (que no paga) que se produce por el artículo 4, al generalizar a todas las personas físicas, salvo a los funcionarios públicos, la tasa que se aplicaba antes solo a las personas jurídicas en demandas contencioso administrativas.

Llera puso varios ejemplos: Dijo que recurrir una multa de tráfico de 100 euros conlleva una tasa de 200 euros, lo que hará que el interesado desista. También querellarse contra una compañía telefónica por un cobro indebido de 80 euros supondrá pagar una tasa de 200 euros. Para el consejero, la ley estatal hará más difícil recurrir contra abusos de las compañías aseguradoras o telefónicas.

Emilio de Llera sugirió que puede haber un efecto perverso y en lugar de disminuir la litigiosidad esta aumente por la vía penal, ya que los interesados pueden forzar la demanda por este camino para evitar el pago de las tasas. De Llera admitió que el recurso puede tardar una década en resolverse, añadió que la administración autonómica no tiene competencias para subvencionar las tasas a las personas que vayan a litigio.

La cuarta demanda

La Junta de Andalucía será el primer gobierno autonómico en recurrir la ley de tasas. Se suma además a las iniciativas que han emprendido el Colegio de Abogados de Málaga y el de Orense ante la Audiencia Nacional. El PSOE y la Plataforma Justicia para Todos (integrada por el Consejo General de la Abogacía, las organizaciones sindicales y el Consejo de Consumidores y Usuarios) también preparan iniciativas ante el Constitucional.

El Gobierno andaluz ya ha presentado dos recursos al Constitucional contra el decreto de medidas de ajuste del Gobierno en materia sanitaria y educativa por creer que invade competencias. El Constitucional también ha admitido a trámite el recurso andaluz contra la normativa estatal que impulsa la liberalización de horarios comerciales. En los anteriores casos el argumento jurídico es la invasión de competencias del Gobierno en las comunidades autónomas. De Llera admitió que esta no es la razón de la demanda de su departamento.