Bárcenas se enfrenta a 21 años de cárcel por las graves imputaciones de 'Gürtel'

El horizonte procesal de Luis Bárcenas en el 'caso Gürtel', la trama corrupta vinculada al Partido Popular, ya era cuanto menos sombrío antes de que se conocieran sus millonarias cuentas en Suiza y las acusaciones de que pudo pagar sobresueldos en 'dinero negro' a la cúpula popular desde los años noventa.

El exsenador por Cantabria y hombre fuerte de las finanzas del partido en los últimos 20 años tiene abiertas en la actualidad tres causas diferentes por 'Gürtel'. Dos las investiga la Audiencia Nacional y la tercera el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al ser un proceso en el que se encuentran imputados aforados de esta comunidad autónoma.

Hasta la fecha, Bárcenas está acusado de graves delitos penados con una horquilla que va desde los cinco años y medio hasta los 21 años de prisión, según confirmaron fuentes de ambos tribunales. Además, los delitos incluyen una multa que se presume millonaria y la inhabilitación para el empleo o cargo público durante varios años en caso de ser finalmente condenado.

En la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, referida al sumario central del 'caso Gürtel', el extesorero del PP está imputado por blanqueo de capitales, cohecho y un delito contra la Hacienda Pública.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) descubrió en febrero de 2009 que en la contabilidad 'B' de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta que se aprovechó de la administración pública en Madrid, Valencia y Castilla y León, contenía apuntes contables con frases como «detalles entrega L. B.».

Bárcenas, a los que los responsables del entramado se referían como 'Luis el Cabrón', según las conversaciones telefónicas intervenidas, pudo haber cobrado supuestamente 1.353.000 euros por facilitar a Correa la contratación de actos de obra y servicio con el PP durante años, según la investigación.

Esto por lo que respecta a la parte central del sumario, ya que el juez Ruz abrió el pasado miércoles una pieza separada tras conocer que Bárcenas tuvo cuentas en Suiza a nombre de una fundación panameña cuyo montante llegó a superar los 22,1 millones en 2007.

Estas cuentas fueron vaciadas tras acusarle el exjuez Baltasar Garzón de estar implicado en la trama, en marzo de 2009. Parte de la fortuna fue transferida a otro banco de Ginebra y 4,5 millones a entidades bancarias de Estados Unidos.

Sin embargo, el abogado de Bárcenas aseguró el pasado jueves que su cliente se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar, a través de una sociedad, unos 10 millones procedentes de Suiza.

Por este motivo, el juez está a la espera de recibir los informes de la Agencia Tributaria, sobre todo, y de la Policía para conocer si le atribuye un delito fiscal en el supuesto de que esta fortuna no haya sido declarada. En caso afirmativo debería interrogarle nuevamente y decidir si le impone medidas cautelares como la privación de libertad.

Asimismo, el juez investiga si el exsenador esconde más dinero en el país helvético o lo ha transferido a Argentina y Brasil, tal y como piensa la UDEF, por lo que es factible que en breve tenga en su poder nuevo material acusatorio.

«Autor directo»

La tercera causa que tiene abierta Bárcenas la sigue el Tribunal Superior de Valencia. El magistrado José Ceres le imputó en mayo de 2011 un delito electoral por la «supuesta alteración» de las cuentas del Partido Popular valenciano en los comicios locales y autonómicos de 2007, según fuentes jurídicas.

Lo hizo en su condición de tesorero nacional del partido y el instructor le considera «autor directo» como administrador electoral junto a otra compañera en la contabilidad del PP valenciano, Cristina Ibáñez Vidal

En síntesis, este delito electoral se investiga dentro de un asunto mayor, la supuesta financiación irregular de los populares valencianos tanto en las elecciones locales de 2007 como en las generales de 2008.

Buena parte de la información sobre esta trama la contenía el famoso 'pen drive' hallado en el registro de una oficina de Francisco Correa en Madrid. Aquella memoria electrónica en las que guardaba años de contabilidad en 'dinero negro' y que, al conocer su incautación, le dijo a su abogado en prisión: «El puto 'pen drive', macho. Tenemos un problema porque es el del contable. Si no existiera...».

La información de ese dispositivo puso a la Policía sobre la pista de la supuesta financiación irregular. El 'modus operandi' consistía en que varias empresas de la comunidad pagaban en una cuenta B distintas cantidades a Orange Market, la filial valenciana de la trama 'Gürtel', por servicios inexistentes.

Unos pagos que en realidad correspondían a los gastos de las campañas electorales del partido y que este devolvía «en efectivo y de forma opaca» a la trama corrupta. En resumidas cuentas, una forma de «encubrir donaciones de empresas al PP valenciano», según la investigación judicial. Los últimos informes de Hacienda son de junio pasado y falta por definir quién exigió a los empresarios saldar las deudas del PP, el propio partido o 'Gürtel'.