La negativa de la Fiscalía a un pacto acerca a Urdangarin aún más a la cárcel

Un «no» rotundo que deja a Iñaki Urdangarin muy cerca de las puertas de la cárcel. La negativa tajante del máximo responsable de la Fiscalía a un apaño extrajudicial para retirar los cargos contra el yerno del Rey complica hasta el extremo su situación procesal y hace muy improbable que el duque de Palma pueda sortear la prisión, habida cuenta de las numerosas pruebas y las cada vez más variadas imputaciones a las que se enfrentará en breve.

Eduardo Torres-Dulce no se anduvo por las ramas. «Ni el Rey me lo habría propuesto ni yo lo habría aceptado», dijo. Por primera vez y de manera categórica desde que comenzara la instrucción del 'caso Nóos', el fiscal general del Estado garantizó que no habrá un acuerdo de conformidad con Urdangarin que le evite sentarse en el banquillo. El máximo responsable del Ministerio Público desmintió así la posibilidad de un pacto sobre el que se especula desde la pasada primavera. Fue entonces, en mayo, cuando las defensas del duque de Palma y de su exsocio, Diego Torres, reclamaron una reunión con Anticorrupción para abordar la posibilidad de evitar las imputaciones a cambio de devolver una parte de los seis millones de euros públicos presuntamente desviados a los bolsillos de los dueños del Instituto Nóos. La Fiscalía, que hace ocho meses estaba dispuesta a escuchar a los abogados, ahora no quiere ya ni oír hablar del asunto. «Lo que más puede dañar a la imagen de la Corona es que puedan existir sospechas» de que se negocia, explicó el fiscal general del Estado en una entrevista en Antena 3.

«Los hechos están claros y las pruebas son más que suficientes para ir a juicio y ninguna actividad extravagante a la procesal va a llevar a la Fiscalía a negociar en modo alguno», zanjó Torres-Dulce antes de insistir en que el «propósito» del departamento que dirige «es no hacer ninguna oferta de conformidad». «Y veo difícil el horizonte de aceptar una conformidad con cualquiera de las partes del proceso», apostilló.

Las palabras del fiscal general fueron el primer anuncio oficial de que no habrá componendas caiga quien caiga, pero lo cierto es que los responsables de Anticorrupción tenían claro desde hace casi un año que cualquier acuerdo extraprocesal o la aplicación de cualquier atenuante al duque de Palma iba a ser imposible sin saltarse la legalidad. El 'rubicón' que cerró la puerta a cualquier pacto para evitar la imagen de Urdangarin en el banquillo de los acusados, según explicaron ayer responsables del Ministerio Público, se cruzó el pasado 25 de febrero, cuando el marido de la infanta Cristina declaró en los juzgados de Palma. Hasta entonces, los fiscales habían contemplado la posibilidad de algún eximente si el expresidente del Instituto Nóos se avenía a colaborar y acogiéndose a la figura del «arrepentimiento espontáneo» reconocía todo y revelaba las cuentas a las que fue a parar el dinero de las administraciones balear y valenciana. Pero fue todo lo contrario. Lo negó todo y culpó de todas las irregularidades a su antiguo socio.

Nuevos cargos

Si entonces la situación ya era mala, ahora es peor para el duque. El propio Eduardo Torres-Dulce adelantó ayer que su departamento estudia imputaciones ampliatorias de delitos a las personas ya encausadas en la pieza 25 del caso 'Palma Arena'. El fiscal general se refería sin citarlo a la intención de la Fiscalía de ampliar de cuatro a seis, o quizás siete, los delitos por los que quiere sentar en el banquillo a Urdangarin. A los ya oficiales cargos de fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación, el Ministerio Público va a sumar los de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, quizás, el de tráfico de influencias. Unas acusaciones que se mueven entre los 7 y 26 años de cárcel. Mucho más de los dos años que librarían al yerno del Rey de entrar en prisión por su falta de antecedentes penales en caso de una condena que Anticorrupción cree «segura» habida cuenta «de la contundencia de las pruebas documentales y testificales acumuladas».

Torres-Dulce reveló que la Fiscalía quiere dejar plasmados esos indicios en un escrito de calificación que ponga fin a la instrucción del caso «antes de verano», ya que «estamos entrando en la recta final de la investigación». Así, según las estimaciones del responsable de la acusación pública, Urdangarin podrían sentarse en el banquillo el próximo año, siempre y cuando «no se complique la última fase de la investigación» y se produzcan nuevas «imputaciones».