Parado e iletrado: carne de hachís

Sorprende oír a un alto cargo institucional cuando pronuncia una evidencia, una obviedad, un mensaje claro y fácil de entender. Menos aún cuando se trata de analizar en público un conflicto social, especialmente grave en una provincia fronteriza, como es el narcotráfico. Es infrecuente porque denunciar ese problema evidente y apuntar hacia sus causas lógicas supone una crítica a otros dirigentes pero, de forma implícita, una autocrítica.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, protagonizó ayer esa rareza política al asegurar que el narcotráfico tiene un vínculo social con el bajo nivel de estudios.

Su exposición comenzó al ser preguntado por la evolución del trasiego de hachís en Sanlúcar de Barrameda, sobre todo a raíz del episodio vivido en esa ciudad el 28 de noviembre, cuando familias enteras, incluyendo niños, apedrearon un helicóptero de Vigilancia Aduanera cuando interceptaba un alijo de toneladas de hachís. Tras el ataque, ese amplio grupo de vecinos recogió la droga y se la llevó. Solo se ha producido una detención.

Ante ese suceso, el análisis del máximo representante del Gobierno en la provincia es que la lucha contra el narcotráfico tiene dos grandes bloques. El primero, dijo, es el policial. El segundo, es el social. En este, se explayó.

Aseguró De Torre que los que se llevaron la droga no son ciudadanos comunes ni se les puede desvincular del narcotráfico «porque cualquier padre de familia no coge un fardo y se lo lleva a su casa, ningún padre de familia hace eso». Añadió el subdelegado que para entender la situación es preciso recordar que «a menor formación, menos posibilidad de encontrar empleo. A menos empleo, mayor riesgo de caer en estas prácticas».

De forma sorprendente, esgrimió datos sobre los desempleados de Sanlúcar. Afirmó que el 72% de los parados de esa ciudad tiene estudios básicos y que el 18% no tiene ningún nivel de estudios. Es decir, como dejó claro al pronunciar la suma, el 90% de los desempleados de la localidad tienen mal o pésimo nivel educativo.

El subdelegado dirigió la máxima responsabilidad de este desastre, que abarcaría varias décadas de responsabilidades en varias administraciones, a la alcaldesa de Sanlúcar, la responsable del PSOE provincial y portavoz en Diputación Irene García. Hasta por dos veces, le pidió «que se centre en su pueblo. Le pido ayuda para que centre su trabajo en Sanlúcar, para que se vuelque» en tratar de remediar esta situación, aunque la educación, al menos parcialmente, excede de sus competencias por estar transferidas a la Junta. Con todo, reclamó a Irene García que contribuya en la lucha contra el narcotráfico mediante una reactivación económica de la localidad que «aleje a los sanluqueños de esa forma de vida». Eso solo se consigue, según dijo De Torre, con la puesta en marcha de «medidas sociales» que conduzcan a la «reactivación económica» de la localidad. El objetivo, «urgente» según calificó, sería que los vecinos de la localidad tengan «otras posibilidades distintas a las que ahora tienen, para no amparar de ninguna manera el narcotráfico y comportamientos como los de ese día».

Finalmente, amplió el espectro de las responsabilidades y pidió que todas las administraciones hagan un «esfuerzo» para propiciar la reactivación económica de Sanlúcar y poner fin a una situación que «no podemos soportar, para que la lucha contra el narcotráfico tenga sus resultados».