Una herramienta de participación inútil

El pleno del Congreso debatirá el martes una iniciativa legislativa popular (ILP) de UGT y CC OO. La proposición de ley ciudadana, el único instrumento de democracia directa contemplado por la Constitución, ha tardado dos años en llegar al hemiciclo desde que los sindicatos la registraron en la cámara y, como los 65 intentos anteriores, está condenada al fracaso por el tradicional rechazo de los grupos parlamentarios, en este caso de la mayoría absoluta del PP.

En cualquier caso, y dada la carrera de obstáculos que supone el exigente y farragoso trámite de una ILP, su toma en consideración por la cámara tendría efectos prácticos nulos, ya que el texto redactado por las centrales en 2010 buscaba combatir la reforma laboral del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una ley derogada en febrero pasado con la aún más dura vuelta de tuerca al mercado laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta 138 cajas con 1.058.752 firmas de ciudadanos y tres meses de recogida irán a la papelera.

La ILP de los sindicatos ilustra las tres décadas de fracaso del único mecanismo constitucional pensado para romper la 'partitocracia' y abrir un acceso directo de la calle al Poder Legislativo. Desde 1984, año en que una ley permitió ejercer el derecho enunciado en el artículo 87.3 de la Constitución, de las 66 iniciativas legislativas puestas en marcha por grupos ciudadanos más de 50 se quedaron por el camino sin llegar siquiera a ser tomadas en consideración por el pleno y, de las menos de una decena que debatieron los diputados, todas fueron rechazadas. Solo una se puede considerar un éxito parcial. Hay que remontarse a 1998, cuando el pleno rechazó la ILP sobre reclamación de deudas en comunidades de vecinos. Pero su contenido esencial terminó por ser incorporado en la ley de Propiedad Horizontal que fue aprobada poco después.

Carrera de obstáculos

Los dos grandes muros contra los que se estrella la mayor parte de las iniciativas son el exigente filtro de la Mesa del Congreso y la dificultad posterior de reunir las 500.000 firmas precisas para llegar al pleno. Casi el 90% de las ILP no pudieron con alguno de estos trámites.

La Mesa del Congreso veta de raíz las iniciativas que entren en terrenos que legalmente le están vedados, como cambios en la Constitución y en las leyes orgánicas, y leyes tributarias de carácter internacional, que afecten al derecho de gracia, o que traten de modificar los Presupuestos. La imposibilidad de recoger en un período máximo de nueve meses al menos medio millón de firmas legalizadas de españoles mayores de 18 años, muchas más que en otros países europeos, suele dar la puntilla a quienes superan el primer listón.

En la actualidad siguen con vida cinco ILP. Además de la de los sindicatos, destacan el proyecto ciudadano para paralizar todos los desahucios y lograr la dación en paro, que tiene hasta el 6 de febrero para completar el medio millón de firmas, y el intento de convertir las corridas de toros en bien de interés cultural que, con las rúbricas ya satisfechas, espera desde septiembre para que la cámara le otorgue fecha de debate en el pleno. La ILP también puede ejercerse en los parlamentos autonómicos. La gran victoria en este ámbito la obtuvo en 2010 la que consiguió prohibir la lidia de toros de Cataluña.