Rajoy retrasa los recortes de ediles y sueldos para evitar confrontaciones

Mariano Rajoy, siempre a favor de evitar abrir confrontaciones si no son absolutamente necesarias, ha optado por aparcar la reforma de la administración local para evitar una rebelión de los alcaldes, incluidos los del PP.

El Gobierno anunció en junio la reforma de las leyes de Régimen Local y Electoral para introducir modificaciones tan controvertidas como la reducción del 30% de concejales, la unificación de todos los sueldos de alcaldes, la cesión de las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones, la eliminación de todas las mancomunidades de municipios y la fusión de ayuntamientos. Pero las prisas no son buenas consejeras pese a la urgencia de los recortes.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, explicó tras reunirse con Rajoy en la Moncloa que las medidas más controvertidas van a tener «un periodo de diálogo para flexibilizar posturas». La reforma, una de las más urgentes y necesarias según el presidente del Gobierno, vuelve a las posiciones de salida para alcanzar un «pacto de Estado» a tres bandas entre el Gobierno, FEMP y los principales partidos, en esencia PP y PSOE.

De la Serna, tras casi dos horas de encuentro con el presidente del Gobierno, alabó las intenciones de Rajoy, pero reconoció que, de momento, todos las iniciativas presentadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas solo se pueden considerar documentos de trabajo y no unas propuestas cerradas. La FEMP recuerda, por ejemplo, que reducir el número de ediles en un 30% no tiene por qué conllevar un ahorro de dinero público, ya que casi el 70% de los concejales y alcaldes de España no perciben ninguna retribución. Sin embargo, esta mengua podría suponer que en aquellos municipios con formaciones nacionalistas mayoritarias, PSOE y PP puedan quedarse sin representación en los consistorios.

De la Serna, que no pudo concretar un calendario para culminar la reforma, puso mucho énfasis en destacar la vocación municipalista de Rajoy. De hecho, ponderó la importancia de que el presidente haya atendido la «demanda histórica» de los municipios sobre los impagos de los gobiernos regionales.

Congelar fondos

Apuntó, asimismo, que el Gobierno estudia la posibilidad de crear una herramienta que permitiera a Hacienda descontar directamente a las autonomías el dinero que deban a los ayuntamientos. Por ejemplo, de los créditos del Fondo de Financiación Autonómico del año próximo a las comunidades.

De la Serna se mostró abierto a dialogar sobre la posibilidad de que «libremente» algunos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes cedan sus competencias, sobre todo en la elaboración de los presupuestos, a las diputaciones provinciales, aunque apostó más por buscar fórmulas para reducir gastos, como las centrales de compras. Lo que sí descartó el presidente de la FEMP es la fusión de municipios, una fórmula ya puesta en práctica en otros países, como Italia, para recortar el gasto.

A la misma hora que Rajoy y De la Serna se citaron en la Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, que consideró esta iniciativa como un verdadero pacto de Estado, pilotaron en la sede nacional de los populares un encuentro entre representantes del Gobierno y de la cúpula del PP para avanzar en un acuerdo para acometer esta reforma que, según la vicepresidenta de Gobierno, es la más «importante, complicada y compleja» de las muchas que ha puesto en marcha el Ejecutivo en su primer año de mandato.

Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica del PP, explicó que la propuesta que maceran el Ejecutivo y el partido pretenden una revisión autocrítica de las administraciones públicas después de 30 años de vigencia. «No planteamos la desaparición de entidades necesarias sino la eliminación de lo que sobra y de las ineficientes». Lo que no hubo fue ninguna cifra, al menos pública. No las hubo en la reunión de la Moncloa ni en la de la calle Génova.