La comisión de los ERE fracasa por las diferencias de los partidos sobre el dictamen

La primera comisión de investigación en el Parlamento andaluz después de 17 años termina en un sonoro fracaso. Los grupos políticos PP, PSOE e Izquierda Unida fueron ayer tarde incapaces de llegar a un acuerdo sobre un dictamen compartido que recogiera las recomendaciones y responsabilidades políticas del fraude ocurrido en la Consejería de Empleo durante la pasada década en las ayudas sociolaborales en expedientes de regulación de empresas (ERE) y subvenciones a empresas en crisis. El boicot de los populares ha hecho posible que el texto aprobado solo contenga como máximo responsable político del fraude al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, como pedía el PSOE. El texto deja fuera de responsabilidad a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exconsejero Agustín Barberá, en lo que coincidían PP e IU. La formación izquierdista, llave en este proceso de investigación, queda como la gran fracasada. El PSOE, finalmente, se sale con la suya.

El PP, partido que pedía que señalara como máximos responsables a Chaves, Griñán y varios consejeros y exconsejeros de los gobiernos socialistas, votó en contra de todo el documento síntesis que había presentado el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), que sí señalaba a Viera y Fernández. El documento aprobado finalmente y que se llevará a Pleno la próxima semana para su aprobación por el Parlamento queda reducido respecto a la síntesis de ponencia.

Finalmente el dictamen que se llevará al pleno de la semana que viene tendrá 128 párrafos, después de que fueran eliminados 68. Una supresión que se produjo al votarse tres bloques, -a petición del PSOE-, en algunos casos con votos negativos coincidentes de socialistas y populares. En el texto final de las enmiendas presentadas por el PSOE fueron aceptadas cinco, por ninguna del PP.

Además de la responsabilidad de Guerrero, el texto del dictamen sí mantiene el párrafo sobre la Intervención General de la Junta, en el que se indica que no actuó cuando «informes de control financiero del IFA/IDEA revelaban un proceso conjunto totalmente irregular» y «renunció a emitir un informe de actuación a pesar de haber razones suficientes para ello». Una consideración que se quedó en el texto final gracias a los votos del PSOE y de IU.

Tal y como explicó tras el debate de la comisión el propio Ignacio García, el dictamen que sale adelante elimina «todas las consideraciones sobre la actuación del Gobierno», así como todo lo que tiene que con la falta de comunicación y coordinación entre las consejerías; con la cultura de no interferencia en otros departamentos; lo referido a falta de controles; lo relativo a la falta de vigilancia de las actuaciones, o lo referente al IFA/IDEA.

«Queda muy tocado»

Precisamente el presidente de la comisión, visiblemente afectado por lo sucedido en el debate, afirmaba que la supresión de los 68 párrafos «deja muy tocada» la propuesta de dictamen que se llevará al pleno. También indicó que lo ocurrido plantea «interrogantes muy serio sobre el valor de las comisiones de investigación».

El PP-A entró en el debate sobre el dictamen final con el dedo señalando al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves. Los populares, que no consiguieron finalmente que el debate fuera a puerta abierta como pretendían. También señalaron en sus conclusiones a un total de 15 exaltos cargos. Para ellos, como para Griñán y Chaves, exigían la dimisión.

En total el PP-A había incluido días atrás 25 alegaciones a la síntesis de ponencia elaborada la pasada semana por Ignacio García. Los populares afirmaban en la previa de la reunión de ayer que «es sencillamente inverosímil y políticamente cobarde» centrar la responsabilidad en la Dirección General de Trabajo, tal y como argumentaba el PSOE-A.

Precisamente en ese punto es donde los socialistas colocaban la responsabilidad en sus conclusiones, en Guerrero, director de Trabajo. Además no compartían la teoría de IU, que otorgaba «la responsabilidad de máxima magnitud o primer nivel» en los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera.