Argentina contesta a la presidenta con una huelga general

Buenos Aires amaneció ayer con aspecto de día festivo con motivo de la primera huelga general convocada durante el mandato de Cristina Fernández. Se trata de la segunda gran protesta antigubernamental en apenas dos semanas tras el 'cacerolazo' del 8 de noviembre. Miles de argentinos salieron a la calle para reclamar una reducción del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores con los salarios más altos, y una generalización de los beneficios que paga el Estado a los asalariados con niños.

La huelga fue convocada por el ala opositora de la Confederación General del Trabajo (CGT), liderada por Hugo Moyano -que hasta hace un tiempo era ferviente defensor del Gobierno- y por el sector opositor de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Pablo Micheli. Ambos recibieron el apoyo de partidos y organizaciones de izquierda y de las patronales del sector agropecuario, que rechazan al Ejecutivo por motivos propios.

La petición principal es la subida del «mínimo no imponible», que es el salario a partir del cual el Estado aplica el impuesto a las ganancias y que es el mismo desde hace más de un año. La mandataria anunció la semana pasada que, por única vez, la tasa no se aplicará a la paga extraordinaria de diciembre y recordó que será en 2013 cuando se reunirá con los gremios para discutir el incremento del mínimo. Pero los trabajadores exigen que lo haga este mismo año y que generalice a todos el pago de la llamada «asignación familiar», que se concede a los trabajadores con hijos pequeños.

El paro tuvo un especial seguimiento por parte de los camioneros -el gremio de Moyano-, lo que prácticamente paralizó el transporte de mercancías y basuras. Sin embargo, apenas tuvo repercusión en sectores como la enseñanza o la sanidad pública. Tampoco entre los trabajadores de la industria. Los piquetes informativos cortaron numerosas carreteras y calles, lo que impidió que el transporte público y los coches particulares pudiesen circular con normalidad. «El paro fue un éxito. Parece un día domingo. No hay nadie en la calle», resumió Pablo Micheli.

Ataques y amenazas

La medida de fuerza se repitió en las provincias pero con menor impacto que en la capital. Las autopistas de acceso a Buenos Aires, vías férreas y subterráneos sufrieron la acción de los piquetes durante todo el día, por lo que las autoridades bonaerenses se vieron obligadas a suspender el servicio de tren, metro y autobús. También se produjeron ataques y amenazas contra los comercios y locales de hostelería que abrieron sus puertas, pese a la adhesión del gremio gastronómico. En ese ambiente, muchos argentinos prefirieron no salir de casa. Las escuelas estuvieron abiertas, pero faltaron profesores y estudiantes.

La presidenta envió un mensaje por redes sociales convocando a los trabajadores «a un gran ejercicio de responsabilidad en la defensa, no del Gobierno, sino del proyecto político que ha generado más de cinco millones y medio de puestos de trabajo». Pero sus funcionarios fueron menos sutiles. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sostuvo que la huelga fue «una medida extorsiva y alejada de los intereses de los trabajadores», mientras que para el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se trata de «un piquetazo en el que los trabajadores que lograron ir a trabajar fueron apedreados».