EL FRENO A LOS DESALOJOS ACERCA A PP Y PSOE

CiU, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia lo intentaron en la pasada legislatura y en ésta. Dio igual. PP y PSOE, gobernara uno u otro, rechazaron todas las iniciativas parlamentarias de estos grupos para reformar la ley que regula los desahucios y que buscaban fortalecer la posición del deudor y debilitar la del acreedor. Los dos partidos mayoritarios tratan ahora de taponar a duras penas las vías de agua abiertas por la sucesión de desahucios, más de 500 diarios y 400.000 desde 2008, cuyo máximo exponente dramático lo han puesto los suicidios de Amaya Egaña este viernes en Barakaldo y José Miguel Domingo en Granada el 25 de octubre. Dos muertes en 15 días.

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba han mantenido varias conversaciones telefónicas estos días para buscar una solución a un drama personal y social que habían menospreciado. Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, a su vez, han hablado sin teléfono de por medio y a través de él para poner letra a los puntos de acuerdo verbal de sus líderes. Los técnicos se reunirán mañana para trasladar todo a un decreto-ley que debería entrar en vigor de inmediato.

La solución, con todo, no va a ser la panacea con la que sueñan los angustiados candidatos al desahucio y las organizaciones antiembargo, pero va a torcer el gesto a más de un ejecutivo bancario. Las entidades financieras temen que una relajación del proceso que conduce al lanzamiento, término jurídico que enmascara el desalojo, y de las condiciones de pago de las hipotecas tengan un efecto llamada y surja una legión de insolventes que aleguen incapacidad para hacer frente a sus deudas sin el temor, que ahora existe, a perder la vivienda.

El Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno en marzo para sensibilizar a la banca enseguida se convirtió en papel mojado porque beneficia a un sector muy reducido de los hipotecados, el que raya la pobreza absoluta, y deja fuera a la gran mayoría con problemas de pago. La Moncloa pensó que sería suficiente para paliar la crisis, pero comprobado que no ha sido así la preocupación cundió en los despachos gubernamentales, al punto de que Rajoy se comprometió en un marco tan poco propicio como un mitin en Lérida de la campaña catalana a pactar con los socialistas «la paralización temporal» de las expulsiones, pero solo para los casos de «las familias más vulnerables». Una declaración de intenciones que se materializaría en una moratoria durante dos años para las ejecuciones hipotecarias.

El núcleo del problema

Pero es una salida que tampoco ataca el núcleo del problema porque el grueso de los endeudados en dificultades está formado por clases medias empobrecidas por el paro o por familias de escasos recursos que ya pasaban aprietos antes del estallido de la crisis. Para ambos segmentos las intenciones de Rajoy son insuficientes y no hubieran servido, por ejemplo, para solucionar los problemas de Amaya Egaña ni de José Miguel Domingo.

El presidente del Gobierno también habló el viernes de ampliar «los umbrales de exclusión» de las condiciones del mercado para que se pueda renegociar la deuda con el banco y permanecer en el domicilio hipotecado, pero sin más concreciones. Una ausencia de detalles que, según los socialistas y otras fuerzas políticas, no hace presagiar nada bueno para la decisiva reunión de los expertos del lunes.

El Gobierno de Rajoy se ha topado con las mismas dificultades que se encontró el de José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar las reglas de juego entre los bancos y sus deudores. Los establecimientos financieros apelan a la seguridad jurídica y se aferran a la literalidad de la ley. Alertan asimismo de las consecuencias que tendría para todo el sistema económico del país un derrumbe del sistema hipotecario. Las propuestas gubernamentales, en consecuencia, son más tibias y en absoluto pasan por una revisión general del modelo de relaciones entre banca y deudores. En el Gobierno reconocen que hay «un clamor general» para detener los desahucios, pero al mismo tiempo sostienen que tienen «poco margen de maniobra» para cambiar la ley.

Los socialistas, despojados ya de la mochila de gobernar, se permiten en cambio soluciones más audaces. Alfredo Pérez Rubalcaba, como antes han hecho otros dirigentes del PSOE, entonó ayer un 'mea culpa' y explicó que su súbita militancia antidesahucio responde a que trata de «salir al paso de los errores que cometimos cuando gobernamos». Las medidas que se tomaron entonces, confesó, se han manifestado «claramente insuficiente». La verdad es que el Gobierno socialista apenas adoptó alguna iniciativa y la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, fue un valladar insalvable para introducir reformas legales. Una firmeza de la que se contagió el propio Zapatero, quien ante el pleno del Congreso llegó a denunciar los riesgos de «quiebra» de la banca si se cambiaban las condiciones del mercado hipotecario.

Rubalcaba, ahora, se comprometió a tener una negociación frenética con el Gobierno para encontrar una solución inmediata. La propuesta socialista, recogida en la proposición no de ley que presentó en octubre en el Congreso, pretende que la nueva ley se aplique no a las futuras hipotecas sino a las actuales con efecto retroactivo, y también plantea que se dé a los deudores que incurren en impagos un tratamiento similar a las empresas en dificultades económicas que se acogen a los procesos concursales para evitar los despidos, una idea ya apuntada por la Defensora del Pueblo.

El objetivo, redondeó el líder de la oposición tras reunirse con el equipo de expertos que negociará con el Gobierno, es que «nadie se quede sin casa por no poder pagar una hipoteca en un momento de dificultad sobrevenida con el que no contaba» cuando firmó el crédito con el banco. Una medida dirigida, sobre todo, a los parados que al perder el empleo no pueden hacer frente a las letras mensuales.

Mientas el Gobierno y el PSOE se aprestan a buscar puntos de encuentro, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, arremetió contra ambos por su «hipócrita» actitud de tomar medidas solo cuando ha habido suicidios. Sostuvo que populares y socialistas son «los grandes responsables» de no haber resuelto el problema y recordó que en el mandato de Zapatero se produjeron 300.000 desalojos de viviendas por impago a los bancos y con Rajoy se han llevado a cabo 100.000 más. Lara, además, se mostró en desacuerdo con el modelo de mesa camilla limitada al Gobierno y el PSOE para negociar las reformas legales y exigió que sean «todos los grupos del Parlamento» los que pacten una fórmula legal para poner coto al drama.