La Junta aprueba unas cuentas de «resistencia» para mantener colegios y hospitales abiertos

Este será un «presupuesto de resistencia», orientado a «combatir el desempleo, preservar la educación, la igualdad de oportunidades y que lucha contra la desigualdad y la pobreza». Un presupuesto de «contraste, no de confrontación» con el del Gobierno de Rajoy y de las comunidades del PP. «Es posible hacer las cosas de otra manera». Unas cuentas que afrontan «la dureza del momento presente y sigue preparando el futuro». «Netamente progresistas y sociales. Apuestan por dar solución al principal problema, el empleo». Estas son las premisas con las que tanto la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, como el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, vistieron ayer el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2013, el primero de la coalición PSOE-IU. Unas cuentas de 30.706.702 euros, un 4,1,% menos que las de este año aprobadas en diciembre de 2011 (32.020 millones de euros). En realidad son 400 millones de euros de diferencia habida cuenta del ajuste que se aprobó en mayo pasado. Pese a ello, son tan restrictivos que se sitúan a los niveles de 2007.

Prioridad en el empleo

Un presupuesto de resistencia, como lo definió la consejera Martínez Aguayo, porque la previsión es que la economía andaluza caiga un 1,2% del PIB regional (146.342 millones de euros), siete puntos más que la de España según los Presupuestos Generales del Estado.

Las cuentas no contienen previsión de empleo, aunque gran parte de su gasto está planificado para contrarrestar en lo posible que Andalucía sea la comunidad con más paro, con el 35% de su población activa en demanda de un trabajo. Más de mil millones de euros (1.168) se destinan a planes de empleabilidad (307 millones de euros), formación en el empleo (322), ayudas a emprendedores (169) y el plan de choque de empleo (370,5). Este último incluye el plan de acción social para parados de larga duración (60 millones) en colaboración con los ayuntamientos; el plan de rehabilitación de viviendas (45 millones), el de fomento del empleo agrario (78,5 millones) y otro para promover carriles bici en las ciudades (10 millones), un claro guiño a IU.

Cae la inversión

Como se comprometió el presidente Griñán en la Conferencia de Presidentes, cumplirán con el objetivo del 0,7% del PIB de déficit, lo que hará que la inversión vuelva a restarse para priorizar el gasto en servicios públicos (el 76%). La inversión cae un 20%, cifrándose en 3.814 millones de euros, un 2,6% del PIB. Paradójicamente casi la misma cantidad que suman los gastos por la deuda: los financieros (1.059 millones de euros) y los pasivos financieros (2.579 millones de euros). El gasto para pagar deuda sube un 30%.

Continúan los compromisos con los metros de Málaga y Granada, pero Martínez Aguayo reiteró que no habrá obra nueva porque la prioridad es mantener abiertos los hospitales y los colegios. «No es el momento de hacer un kilómetro más de autovía», dijo.

Otra cosa será si Andalucía consigue que Rajoy acceda a ampliar el objetivo del déficit de las comunidades, cuyo esfuerzo es cinco veces mayor que el del Estado, lo que la consejera de Hacienda considera «ilógico» cuando estas tienen que atender el mayor gasto en servicios públicos. «Discutimos el cómo, el quién y el tiempo», dijo sobre la pelea para que se flexibilice el techo de endeudamiento.

El reparto del déficit otorga a Andalucía un 24% menos de recursos por habitante que la media de las comunidades. «Se nos pide un esfuerzo igual cuando tenemos ingresos distintos», dijo la consejera, quien lamenta que tras ello lo que hay es la pretensión de llegar a un superávit estructural en 2014 imposible de conseguir «si no se desmantelan la red de servicios públicos». Martínez Aguayo también lamentó que la aplicación del sistema de financiación siga perjudicando a Andalucía respecto a otras comunidades. La divergencia en financiación por habitante se ha incrementado un 36%.

Habrá un 55% menos de ingresos por el recorte en las transferencias finalistas del Estado y una reducción del 25% del fondo de compensación interterritorial.

Un presupuesto de resistencia porque con menos ingresos por la actividad económica y las dificultades antes señaladas en financiación del Estado y capacidad de endeudamiento por el déficit, la Junta pretende mantener el gasto y los programas en los servicios de sanidad, educación y bienestar social, aunque también caen inevitablemente. «Cae todo», expresó la consejera. Las tres áreas suman más del 76% del gasto.

Educación y Sanidad

Sanidad y Bienestar Social, que el pasado año estaban separados aparecen ahora con una partida conjunta de 10.086 millones de euros, el 44% de los recursos de las consejerías, pero un 9% menos que este ejercicio. Educación cuenta con 7.451,5 millones de euros , el 32,4% de las consejerías, pero 164 millones menos que este año. Universidades dispondrá de 1.420 millones, apenas cien millones más.

Martínez Aguayo subrayó que no se privatizarán hospitales ni centros de salud, se mantiene la cobertura universal (incluidos inmigrantes) y la Ley de Dependencia se aplicará con 1.146 millones de euros.

Los programas contra la exclusión social aumentan, con un incremento del 12% al salario social (70 millones de euros) y una partida de 20 millones de euros para atender bancos de alimentos. Las pensiones no contributivas suben un 2%, aunque la cuantía que destina el presupuesto es menor al disminuir el número de beneficiarios. La Junta cumplirá con todas las políticas y programas del Instituto de la Mujer y las de perspectiva de género, subrayó Aguayo.

Respecto a Educación la prioridad es sostener lo que hay: la gratuidad de los libros (65 millones); el plan de apertura de centros (73,1 millones), el plan de plurilingüismo (824 centros) y el número de guarderías (100.000).

Las cuentas contemplan una reducción de los gastos en personal de un 8,3%, mientras que los gastos corrientes decrecen otro 10%. Martínez Aguayo asegura que el objetivo sigue siendo mantener en lo posible el empleo público. «Nos hemos esforzado mucho». Pese a ello las cuentas contemplan una reducción del 11% de transferencias a las empresas públicas, salvo las hospitalarias y sociales (el 87% de las 124) en las que el tajo es del 7%. La consejera mantiene que no habrá supresión de entes públicos porque la reordenación del sistema ya se empezó a efectuar en 2010 y concluirá a final de este año.

Sobre la RTVA explicó que seguirá recibiendo 118 millones de euros de financiación porque el objetivo de la Junta es no privatizar el canal autonómico, aunque su presupuesto bajará por otros ingresos, situándose en alrededor de los 160 millones de euros, frente a los 219 millones actuales.

Por consejerías

El gasto de las consejerías se recortará un 36%. Turismo y Comercio es la que más decrece, con un 36% menos, aunque hay que tener en cuenta que ya no se incluye Deportes, ahora en Cultura. Esta es la segunda con mayor descuento de recursos (18%), seguida de Hacienda, Fomento y Vivienda. La que menos disminuye es Presidencia e Igualdad, que dirige Susana Díaz.

Martínez Aguayo afirmó que no se crean nuevos impuestos en principio, aunque está previsto que en el curso del año se apruebe la fiscalidad sobre las grandes superficies que anunció el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez. Los ingresos por tributos propios suman 523,6 millones de euros.

Para contrarrestar la dificultad de ingresos, la Junta pondrá en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal, aunque la consejera no aclaró cómo ni cuándo. Martínez Aguayo también confirmó el compromiso con Izquierda Unida para poner en marcha el instituto andaluz de crédito y un banco de tierras, como reclama IU, aunque en las cuentas no se especifica partida alguna para ello.