LA COMPLICADA INDEPENDENCIA

Cataluña independiente. Los catalanes que quieren viajar a España necesitan pasaporte, y los españoles que hacen el camino inverso tienen que hacer lo mismo. Además unos y otros deben cambiar de moneda. Un escenario que ha pasado de ser inimaginable a estar encima de la mesa. Y es que nunca antes en la historia reciente de Cataluña una manifestación como la que el martes reunió a millón y medio de personas en Barcelona produjo semejante impacto político. Fue un punto de inflexión, un antes y un después en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, y hasta hay quien se deja llevar por la euforia y exclama con pasión que es la antesala del nacimiento de un nuevo estado europeo.

Durante los días que han seguido al tsunami independentista de Barcelona, en Cataluña se han sucedido los debates sobre el día después de la independencia. ¿Quién pagará las pensiones? ¿Seguirá el Barça en la Liga española y continuará enfrentándose al Real Madrid? (el ejemplo del Mónaco en Francia ha tranquilizado a muchos catalanes) ¿La independencia expulsará a Cataluña de la UE? ¿Qué moneda sustituirá al euro? ¿Volverá la peseta? La mayoría de las preguntas, parafraseando al presidente del Gobierno catalán, aún no tienen respuesta.

Pero el cómo será el proceso de secesión no ha sido el tema más debatido ni ha invadido las redes sociales. Porque hasta que la independencia sea un hecho, hasta que se levanten las fronteras del Ebro, todavía serán necesarios unos cuantos y arduos procesos jurídicos. Y sobre todo políticos, ya que la Constitución no contempla ningún mecanismo que abra la puerta a la segregación de una comunidad. Por tanto, la independencia, de producirse, debería llegar a través de la negociación política. Para que Cataluña pueda emprender la senda de la separación, según Josep María Reniu, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UB, hay dos caminos.

Si hubiera buen entendimiento y buenas relaciones entre Cataluña y el Gobierno central, podría llegarse a un acuerdo político que permitiera un referéndum de autodeterminación, más o menos como la vía escocesa. A su juicio, sería la opción política más fácil. No así jurídicamente «porque ahí los constitucionalistas entrarían al trapo». Y una segunda manera, planteada «desde un punto de vista más estricto», según Reniu, debería tratar de arbitrar algún mecanismo de reforma constitucional para que se pudiera incorporar una fórmula para abandonar el estado español, como ocurre en Canadá con Quebec y la ley de claridad. «Todo el problema viene del título octavo, el que habla de la organización del Estado», señala. Si se abriera el melón de la reforma constitucional, añade, sería para superar el actual estado autonómico y la siguiente etapa podría ser un estado federal. «Esto es política ficción», dice, pero llegado el caso, «cada comunidad pasaría a convertirse en un estado que se incorporaría a una estructura federal, llamada España, y cada una de esas autonomías/estado debería hacer un referéndum de ratificación de su adhesión al gobierno federal». Es ahí, con la revisión del título octavo en la línea federal, cuando Cataluña podría tomar la decisión de permanecer o no en la nueva organización federal, según explica Reniu.

Reforma agravada

«El único camino que existe constitucionalmente para la secesión de un territorio es la reforma de la propia Constitución», coincide Hèctor López Bofill, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. A su juicio, esta es la interpretación que hizo el propio Tribunal Constitucional en la sentencia sobre la consulta soberanista promovida por el exlehendakari Juan José Ibarretxe en 2005.

«El fallo vino a decir -según López Bofill- que en el sistema constitucional no hay límites a la reforma constitucional, pero que la secesión atentaría contra el artículo 2 que proclama la indisoluble unidad de España». Y por tanto, añade, el único modo sería mediante una reforma por el procedimiento agravado que contempla el artículo 168, es decir, la vía más complicada, ya que hace falta que la modificación sea aprobada por cada una de las cámaras por una mayoría de dos tercios. A continuación se procede a la disolución de las Cortes y a la celebración de unas nuevas elecciones generales. Las nuevas cámaras tienen que volver a ratificar la reforma por idéntica mayoría y la decisión, finalmente, es sometida a referéndum.

O lo que es lo mismo, añade López Bofill, «el conjunto del Estado sería el que votaría en referéndum sobre la independencia de Cataluña, lo cual sería todo un galimatías».

López Bofill apunta una tercera vía, la más radical y rupturista, que consistiría en la celebración de un referéndum soberanista al margen de la legalidad, que se culminaría con una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña. «El reconocimiento internacional vendría automáticamente si se constata la legitimidad democrática del proceso», señala. «Es un recurso discursivo de algunos líderes independentistas algo primario para enaltecer a la tropa. Pero no es nada real», opina Reniu.

En principio, el Gobierno de Artur Mas no contempla está última vía. «No nos hemos vuelto locos, no nos hemos subido a ninguna colina», dijo en Madrid. El presidente de la Generalitat siempre ha dicho que sin una mayoría amplia no puede haber «plenitud nacional». Y hoy por hoy, a la vista de las encuestas, ese respaldo no se da. Según el CEO (el CIS catalán) el 51% de los catalanes apoyaría la secesión, frente al 49% que estaría en contra. La UE exigió a Montenegro un 55% mínimo de síes.

Es por ello que tras la manifestación, Mas se ofreció para liderar la construcción «gradual» del estado propio, pero no de la noche a la mañana. Plantea una separación «amigable», que tendrá el jueves que viene un banco de prueba. Rajoy y Mas se reunirán para negociar el pacto fiscal, la hacienda propia para Cataluña. Es más que previsible que Rajoy dé largas a la demanda, y el presidente catalán, curándose en salud, ya ha dicho que dará de plazo para tener una respuesta definitiva hasta final de año.

Ante el no al concierto económico, Mas se vería abocado a convocar unas elecciones, que podrían tener el carácter de plebiscitarias porque llamaría a los catalanes a pronunciarse sobre su hoja de ruta para alcanzar el estado propio. Con una mayoría cómoda y empujado por el aumento del soberanismo, la consulta popular podría estar servida.

Tensiones

¿Y ahora qué, señor Mas?, le pregunta todo el mundo al presidente de la Generalitat, que no tiene una papeleta fácil, ya que apostaba por un pacto fiscal, como primera etapa hacia el estado propio, pero ve cómo el soberanismo -el de su partido y el de la calle- le ha atropellado y exige que acelere el proceso de la transición nacional.

La gran duda es saber con qué programa concurrirá CiU a las elecciones. Si lo hace con un ideario independentista, las tensiones entre CDC y Unió pueden ser históricas, por lo que no es descartable que la federación nacionalista, como siempre, juegue con los eufemismos y la ambigüedad. La calle le pide otra cosa, pero es cierto que ni todos los que se manifestaron son independentistas, ni llegado el caso de votar en un referéndum los que sí se sienten como tales se inclinarían por la secesión.

Todo ello sin olvidar que Cataluña suda la gota gorda para llegar a final de mes, que la Generalitat ha pedido un rescate de 5.023 millones y que depende en buena parte del grifo del Ministerio de Hacienda.