Politización judicial

La reunión que ayer y hoy celebra el Consejo Europeo es la vigésimo cuarta cumbre de la Unión desde que se desatara la crisis financiera internacional. Prácticamente todas ellas han seguido el patrón común de ofrecer resultados decepcionantes después de que los propios líderes europeos se encargaban de rebajar las expectativas de cada cita. Así podría ocurrir también en esta ocasión, cuando la cumbre de Bruselas se enfrenta a un problema acuciante para España e Italia, cual es el incontenible aumento del diferencial de deuda en plena recesión, al tiempo que debe avanzar con celeridad en términos de integración fiscal y bancaria a través de la correspondiente cesión de soberanía por parte de los Estados. El presidente Rajoy fue taxativo ayer al señalar que el precio de nuestros bonos cierra el acceso a la financiación a muchas instituciones españolas. La solicitud de que se habilite la utilización de los fondos europeos para la adquisición de deuda pública de países en dificultades y el deseo de que haga lo propio el BCE estuvieron ayer presentes en los prolegómenos del Consejo Europeo. Hoy se sabrá hasta qué punto los argumentos de Rajoy y Monti fueron coincidentes en la reunión y qué peso adquirieron en sus conclusiones. Pero está claro que el encarecimiento de la deuda española o italiana, aunque afecte seriamente a la solvencia de toda la zona euro, constituye el anverso de las facilidades con las que Alemania y las economías centrales de la moneda común están encontrando para financiarse a bajísimo interés. Por lo que no convendría esperar soluciones que despejen de inmediato la inquietud que ayer mismo reflejaron los mercados, con el bono a 10 años por encima del 7%. La indicación de que el recurso a los fondos europeos para rebajar la presión sobre la deuda acarrearía ineludiblemente la intervención sobre el país que lo solicite puede constituir, a estas alturas, más un anuncio que una advertencia. Máxime cuando se continúa negando la posibilidad de que los bancos puedan recapitalizarse directamente sin el concurso de los Estados. Por trascendente que sea el orden del día de la reunión de Bruselas en cuanto a la unidad europea, su desarrollo resulta crucial para España debido a nuestras particulares urgencias. No en vano el presidente Rajoy ha pasado estos dos últimos días de apelar a la irreversibilidad del euro como misión compartida a recabar el auxilio de Bruselas y Berlín para que el próximo lunes nuestro país no amanezca en medio de otra 'tormenta perfecta'.

Después de que varios miembros del Tribunal Constitucional (TC) lanzaran un órdago a los partidos con la amenaza de dimitir masivamente si no se procedía a su renovación, PP y PSOE han conseguido pactar, todavía no se sabe en qué términos, los nombres de los cuatro magistrados pendientes. También hubo acuerdo para los doce cargos del Tribunal de Cuentas y cinco de la Junta Electoral Central, así como, probablemente, el del Defensor del Pueblo. Todo indica que este compromiso, del que se ha excluido RTVE, se ha basado en el tradicional sistema de cuotas, es decir, en el reparto de las designaciones entre personas de la confianza de cada partido en vez de procurar candidatos de valía incuestionable capaces de satisfacer a ambas fuerzas. De esta forma se mantiene la tradicional politización del alto tribunal, convertido en un trasunto parlamentario en el que cada miembro luce la etiqueta del partido que lo ha designado. Este sistema de provisión de cargos institucionales constituye una malformación del espíritu constitucional y contribuye a mantener la mala imagen de la Justicia entre la ciudadanía.