122.926 millones de euros

H ay una máxima de Derecho que dice «que a lo imposible no se está obligado». Precisamente, ella fue utilizada por los constituyentes gaditanos del 12, cuando debatían sobre el gasto público y pretendían su justificación constitucional. Concluyeron al respecto que sólo el gasto público estrictamente necesario era posible. Han sido muchas las pasiones que ha levantado el gasto público. Como es natural, con tantos partidarios, fue en aumento con gran rapidez, hasta convertirse en un gran problema. Pero lo que no se ha realizado a través de un efectivo control del gasto en una vida económica sana de un Estado, ahora hay que hacerlo con cirugía, en momentos de peligro para la economía nacional. Con medidas drásticas que causan estragos, angustias y que pueden provocar respuestas sociales, exhacerbadas de los peligros por los demagogos.

Cuando la política gira en torno al gasto desproporcionado, público y privado, como ha ocurrido en España en los últimos años, el caos está cerca. En este se ha instalado el conjunto de las Administraciones españolas, territoriales e institucionales. De ahí que a nadie le extrañe el diagnóstico que se tiene por la ciudadanía del sector público en su conjunto, como una rémora abrumadoramente sindicalizado. Todo el mundo lo piensa y casi nadie lo dice, por eso de lo políticamente correcto. Quizás la cosa cambie cuando se ponen encima de la mesa los datos. El conjunto del Estado necesitó 122.926 millones de euros para pagar las remuneraciones de los más de tres millones de empleados públicos en 2011. Esa cantidad absorbe la totalidad de los ingresos por IRPF (69.803 millones) e IVA (49.302 millones) y una cuarta parte del impuesto de sociedades. Esta cifra, supone la masa salarial del sector público, o lo que es lo mismo, el coste real de los empleados públicos. Pues bien, las medidas adoptadas hasta hoy, para limitar el impacto negativo en la economía de esta desproporcionada partida, consistente en la reducción de sueldos de 2010 y la congelación de los mismos durante 2011 y 2012, ha supuesto un descenso en la masa salarial de 2.784 millones. Lejos de los 4.500 millones previstos. El problema viene de atrás, entre 2007 y 2009, el gasto de personal medio en las comunidades autónomas tuvo un incremento por encima del10% anual. Ello se debió fundamentalmente al incremento en plena crisis, la de los tres años indicados, del número de empleados públicos en 181.000 personas. Lo que es lo mismo, en 2011 las CC.AA destinaron un 16% más a gastos de personal que en 2007. De igual forma, el incremento de la masa salarial de la función Pública de las CC.AA se incrementó un 61% desde 2003 hasta 2011 ¿ Y todo esto por qué? Mucho tiene que ver la forma de realizar la actividad sindical en la Función Pública desde la Transición hasta nuestros días, son parte y origen del problema que subyace en la misma. Tan es así, que el propio fenómeno pone en entredicho el devenir futuro de la actividad pública. Se ha articulado una ingente normativa que imposibilita la adecuada gestión de los recursos humanos. La rigidez y las limitaciones impuestas, pensadas en principio para los que ostentan la condición de autoridad pública y cuyas funciones están predeterminadas en la Ley, no sólo como garantías de los que las ejercen, sino fundamentalmente de los administrados que los padecen. Para el resto de servidores públicos, la introducción legal o convencional de elementos de rigidez en la gestión, tales como la movilidad funcional, la definición del componente funcional anejo a las distintas categorías, la promoción profesional basado en razones de antigüedad o de permanencia sin más en los distintos puestos de trabajo o la imposibilidad automática de adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas circunstancias, no hacen sino dificultar, o mejor dicho imposibilitar, la aplicación de la racionalidad y la eficiencia en la gestión del personal en las Administraciones Públicas. Sí a ello añadimos la cuestión remuneratoria, concluimos que es quizás de las más peculiares y dignas de exhaustivo análisis. Se da en la práctica real un desfase insalvable, en la cuantificación de los salarios correspondientes a las distintas categorías profesionales públicas, con relación a las de mercados de referencia. Curiosamente y con ello rompo el mito del mileurista público, se produce una evidente inflación de costes, desde la óptica salarial en las categorías de menor cualificación profesional. Precisamente por ser ellas las más sindicalizadas, son las que a lo largo de estos cuarenta años, las que provocan esas brechas salariales más grandes, con las masas salariales correspondientes a similares categorías profesionales afectas a sectores privados. Sólo hay que cotejar los distintos convenios colectivos para aseverar esta afirmación. Por todo lo dicho, la solución en absoluto bien por los recortes en la masa salarial, que también, sino en la necesaria adecuación de las necesidades de personal a la realidad. Es decir, no cabe más remedio que reducir el sector público español, para que España tenga una Administración realmente eficiente.

Si a este importante componente de gasto le añadimos el de la deuda pública, observamos como el problema se acrecienta. A los 28.000 millones presupuestados, hay que añadir el sobrecoste provocado por el encarecimiento de la financiación de la deuda. Hemos pasado de la rentabilidad del bono a 10 años del 5,45 presupuestado, al 7,04% en los últimos días, mientras que las letras del tesoro a tres meses tenían un coste en el Presupuesto del 0,9%, cuando a fecha de hoy se encuentra en el 2,34%. Este sobrecoste supondrá a finales de año otros 2.500 millones. Por último, la partida de la llamada nómina del desempleo. Lo presupuestado asciende a 34.500 millones. La cantidad significa un desvío de un 38% sobre los ingresos obtenido por las cuotas de los sujetos obligados.

Con estos gastos, la insostenibilidad del Estado es un hecho cierto. Por eso Merkel aprieta y aprieta. Si no controlamos el gasto, España no pone su cuota parte como país para hacer una Europa de verdad. Los compromisos en política son para cumplirlos. La consecuencia de todo ello, de hacer lo que decimos, la vuelta de la confianza a nuestro país.