El Tribunal de Cuentas desestima el recurso del interventor y la tesorera

Dos procesos encaminados a desentrañar lo que ocurrió antes del 1 de abril de 2009 en la caja municipal. El primero que se abrió fue el penal que, tras los primeros meses de intenso trabajo, lleva más de un año sin novedades. El contable, por el contrario, sigue dando pasos en su tramitación con el fin de fijar una fecha de juicio y determinar los responsables civiles del desfalco.

En sus manos cuenta ya con un trabajo previo concienzudo, liderado por la Cámara de Cuentas y que derivó en una propuesta de sanción. Con el objetivo de retrasar el procedimiento, el interventor, José Antonio López, junto a la tesorera, María de las Virtudes Gómez (y el anterior Interventor, que también se adhirió) presentaron un recurso en el que incidían en un fallo técnico cometido por el organismo regional. Al parecer consideraban a los dos únicos imputados penales, los excajeros Clemente Ruiz y María José Lebrero, responsables directos de lo ocurrido y al resto de técnicos junto a los dos exalcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, responsables subsidiarios de lo ocurrido. Lo que significaba que si los primeros no podían hacer frente a los más de nueve millones previstos de sanción (los 7,8 millones de euros más intereses), serían los segundos los que tendrían que hacerse cargo. Sin embargo no se limitó la cuantía individual de cada procesado.

A eso se acogieron en el recurso los técnicos del Ayuntamiento, para solicitar que el caso volviera al principio. Algo que ha desestimado el propio Tribunal de Cuentas. Su argumentación se ha limitado a explicar que la Cámara de Cuentas solo ha realizado una propuesta, pero que será en Madrid donde se decida la responsabilidad final y la cuantía de la que se deben hacer cargo, así como las sanciones administrativas correspondientes.

En definitiva, que el proceso continúa adelante. Lo curioso es que fueron los exalcaldes, como Antonio Moreno, los que resaltaron este supuesto error técnico, pues en su caso cuando se marchó en la caja faltaban aproximadamente 1,2 millones de euros, por lo que no entendía por qué debía hacerse cargo de los 7,8 millones de euros. Sin embargo, ni De Bernardo ni Moreno decidieron adherirse a este recurso, que finalmente no ha conseguido su objetivo.

Ahora lo que se espera es que el Ayuntamiento ponga su denuncia y se pronuncie sobre quiénes considera responsables administrativos de lo ocurrido en la caja municipal.