Un atisbo de luz para los afectados de la Ley de Costas

Cientos de vecinos de la costa gaditana llevan años de litigio para conservar sus casas y sus terrenos. No es nada nuevo, la actual Ley de Costas se aprobó en el año 1988 y fue entonces cuando el Estado trazó una línea de deslinde para marcar los terrenos de dominio público, un trazado que en muchos casos discurre sobre viviendas o sobre salinas explotadas por una pequeña empresa. Esto se ha traducido en años de disputa entre lo que el Gobierno consideraba suyo y entre lo que los ciudadanos creían propio. Ahora, el reciente anuncio del nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención de revisar y reformar la vigente Ley ha dado fuerzas a estos afectados para salir a la luz y reclamar sus derechos.

Además, los afectados cuentan con una plataforma de apoyo que les da cobertura y defiende sus intereses ante el Parlamento Europeo. La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas cuenta con la lucha incondicional de su vicepresidenta, Margarita García, una gaditana que conoce de primera mano cada uno de los casos que están ocurriendo en la zona costera de Cádiz y que lidera este colectivo junto a la presidenta, Carmen del Amo. García se refiere a la actual Ley de Costas como «confiscatoria porque se aplica con carácter retroactivo», es decir, a los vecinos que años atrás adquirieron sus casas en terrenos urbanos plenamente legalizados ahora «se las están usurpando a cambio de una indemnización de cantidades ridículas, sin una compensación justa, porque el Gobierno mantiene que es suelo público».

Hablamos del caso de cientos de vecinos de la costa roteña (concretamente afecta a unos 80 metros cuadrados) y de los apartamentos Horizontes de Las Redes de Vistahermosa, en El Puerto. «Los vecinos de Las Redes llevan 14 años de litigio para al final perderlo», asegura García, a lo que añade que en el 98% de los casos la Justicia termina fallando en detrimento de los propietarios «porque la Ley obliga a acudir al Contencioso-Administrativo que es muy caro y al final los ciudadanos no pueden asumir los gastos». Por todos estos motivos, la vicepresidenta de la plataforma europea (con 2.500 socios de toda Europa) habla de «expolio y de una normativa ilegal y perversa disfrazada de protección medioambiental».

Explica que la Ley se aplicó con la intención de proteger el medio ambiente, pero critica que «se ha terminado construyendo mucho más que con la ley anterior». Así, reta a ecologistas a que demuestren que se está protegiendo la costa: «en el caso de Las Redes, quieren construir sobre las dunas un paseo marítimo que nadie quiere». Este caso portuense mantienen la teoría de la asociación: «aunque defiendan la regeneración medioambiental, hemos comprobado cómo detrás de cada derribo hay un proyecto urbanístico».

La polémica ha alcanzado tal nivel de repercusión que han logrado arrancar el compromiso al Parlamento Europeo de dedicarles una sesión plenaria para estudiar esta ley que afecta a todo el litoral español (ya han elevado más de 60.000 quejas), lo que equivale a unos 8.000 metros lineales y que perjudica a más de un millón y medio de españoles.

Piden la devolución de los terrenos expropiados para que se termine «con la inseguridad jurídica» y con el «tormento de tantos y tantos vecinos de Cádiz y de todo el país». García asevera que son habitantes de zonas de clase media, lejos de tratarse de personas adineradas con casas a pie de playa. «Son muchos jubilados y personas de clase humilde que tienen apartamentos pequeños cerca de la playa que compraron hace años con mucho esfuerzo y ahora se lo van a arrebatar». Es más, el deslinde, según mantiene esta asociación, se ha efectuado «de manera arbitraria, afectando a unos y a otros no y marcando los metros sobre la ribera del mar de forma indistinta y según les convenga». Pero además de a viviendas, el deslinde está afectando a terrenos naturales, como el caso de una salina de San Fernando gestionada por una empresa local que ahora ha visto limitado su negocio. Con todo, la asociación llega más allá de sus denuncias y demandan la «violación» de algunos de los principios de la declaración universal de los Derechos Humanos, como el derecho a la propiedad y a no ser privado arbitrariamente de su propiedad.

La asociación se ofrece a apoyar desinteresadamente y a dar asesoramiento jurídico gratuito a todos los afectados, que podrán dirigirse a la web http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com/.