Reforma comprometida

El Gobierno Rajoy cumplió ayer uno de sus propósitos con la aprobación de una reforma laboral que modifica sustancialmente la situación precedente y desborda, desde la responsabilidad gubernamental, el estrecho cauce establecido en el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Su resuelta actitud forma parte de los compromisos adquiridos ante las instancias europeas e internacionales y ante los mercados. Pero queda por ver si tan drásticos cambios contribuirán o no a la gestación de un modelo más productivo y competitivo en España, aunque sea a medio plazo. El abaratamiento de los supuestos de despido -especialmente en la modalidad del «procedente» por pérdidas o caídas de ingresos durante tres trimestres- y la relevancia que adquiere el ámbito de empresa en la negociación colectiva demuestran que el Gobierno ha asumido una responsabilidad que va mucho más allá de un arbitraje corrector sobre los resultados del diálogo social. La titular del Ministerio de Empleo, Fátima Báñez, quiso dejar claro ayer que el cambio normativo no será suficiente para combatir el paro. Pero se trata de una reforma de tal calado que ni el Gobierno ni los sectores más satisfechos con su contenido podrán eludir la prueba a la que el contador mensual de parados les someta como evaluación continuada de sus efectos reales. En un examen general de la iniciativa parece evidente que el Gobierno ha optado por facilitar el despido de trabajadores en las empresas con dificultades al tiempo que incentiva la contratación de los más jóvenes. Se trata de un juego de compensaciones cuyas consecuencias dependen en tal medida de la evolución de la economía española, de los cambios de paradigma laboral que estén experimentando las propias compañías y de la disposición de las personas cuya empleabilidad se vea estimulada, que su resultado final acrecienta el catálogo de incertidumbres.