Reforma inmobiliaria

El ministro de Economía, Luis de Guindos, expuso ayer los objetivos que persigue la reforma del sistema financiero que el Consejo de Ministros acordará hoy. Se trata de dotar de solidez y eficiencia al sistema mediante su saneamiento y la regulación del gobierno corporativo de las entidades bancarias. En términos más precisos, se trata de ajustar el valor de sus activos inmobiliarios a precios de mercado, de propiciar en el plazo de cuatro meses la integración de distintas entidades hasta alcanzar un entorno de competencia y de acceder en mejores condiciones al crédito mayorista para acabar con la contracción del dinero que demanden empresas y familias. De Guindos insistió ayer en que el Gobierno no ha definido a priori el número de entidades que deban resultar de la reforma ni su dimensión óptima. Aunque es evidente que esta nueva vuelta de tuerca, con la obligada provisión de 50.000 millones por parte de las entidades financieras para ajustar sus activos, va a desvelar la situación real en la que se encuentra cada una de ellas. Porque la solidez a la que aspira el sistema en su conjunto ha de basarse, inexorablemente, en la revelación pormenorizada de sus debilidades de partida. La buena noticia es que esta segunda reforma del sistema financiero no incrementará el déficit público, si bien el aumento de 9.000 a 15.000 millones en el capital disponible del FROB afectará limitadamente a la deuda del Estado. Pero es a partir de ahí cuando la ineludible reforma del sistema financiero genera interrogantes. El más importante de los cuales es si acaso no llega demasiado tarde. No tanto para el futuro de las entidades más solventes como para remediar con prontitud los males que aquejan a la economía y a la sociedad española. Los datos de desempleo y ocupación hechos públicos también ayer describen una realidad que difícilmente va a responder a una masiva oferta de vivienda a precios reducidos, o activar el flujo y retorno de la capacidad crediticia que logren las entidades resultantes de la reforma. Y ello sin tener en cuenta los efectos adversos que la capitalización bancaria acarree sobre el valor de la propiedad inmobiliaria adquirida y comprometida financieramente antes de la crisis. No se trataría de un problema imputable a la responsabilidad del Gobierno, pero sí de una eventualidad que debiera contemplar entre los imponderables de su gestión.