Paralizan el desahucio de dos familias al no acudir nadie a la subasta

Dolores Ruiz y Ana María Calahorra rompieron a llorar cuando conocieron que no iban a tener que abandonar sus casas, al menos de momento, y se fundieron en un abrazo. Minutos antes trataban de explicar a la prensa un caso bastante complicado de entender porque, aseguraba la primera, «nos tiran a la calle sin haber dejado de pagar nuestras deudas», mientras que la segunda destacaba que su familia se iba a ver en la calle «sin comerlo ni beberlo».Nadie se presentó a la subasta y, de momento, las familias de Puerto Serrano que viven en la vivienda de la calle Guadalporcún número 1 no tendrán que enfrentarse al desahucio. La espada de Damocles no se ha retirado de la cabeza de las familias de Dolores y Ana pero «por lo menos vemos algo de luz», comentaban ayer tras conocer la noticia.

El alcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz (IU), y el portavoz del Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT), Diego Cañamero, fueron los encargados de hablar con el juez decano del juzgado de Arcos y hacer de representantes de la familia para tratar de buscar una solución. El regidor trasladó a Banco Popular, quien demandaba a la familia por falta de pago, su disposición a negociar y evitar el desahucio.

En concreto, el alcalde ha ofrecido permutar la vivienda afectada por unas parcelas municipales de modo que «la vivienda quede en manos del Ayuntamiento y los vecinos puedan seguir en ellas, pagando al Consistorio en vez de al banco», destacó el alcalde. Ruiz además aseguró que «no vamos a quedar impasibles ante nuevos casos de desahucio y vamos incluso a aprovechar el patrimonio público para evitar que los vecinos terminen tirados en la calle porque han perdido el trabajo». De hecho lamentó que esa misma mañana, por ayer, había recibido a otra familia de la localidad que se enfrenta a un caso similar.

El problema de las dos familias que ya han recibido la carta de desahucio, y cuya vivienda compartida se iba a subastar ayer, no es un embargo habitual de hipoteca. Dolores contaba a las puertas del juzgado que ella acudió a unos prestamistas para unifica todas sus deudas y liquidar la hipoteca de 9.000 euros que tenía en el Banco Popular. Ella asegura que firmó un crédito de 40.000 euros con la financiera pero que «nunca llegaron a darnos ese dinero y no pagaron las deudas que teníamos». Ellos dejaron de pagar la hipoteca al Popular, mientras ingresaban el dinero de las letras a la intermediaria, y esta entidad es quien ha llevado a cabo la denuncia. La familia de Ana se ve afectada de rebote ya que compraron a Dolores la mitad de la casa, hipotecando una pequeña vivienda que tenían. No se llevó a cabo la segregación y el proceso de escritura de casa y la ejecución sobre la primera se lleva por delante a la segunda.