Con la deuda pisando los talones

El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy no tendrá un segundo de respiro. La crisis de la deuda soberana ha puesto a España en primera línea de fuego de la especulación en los mercados de bonos, el coste de la financiación se ha disparado y en Europa se impone la idea de que, para ponerse a salvo de los ataques, cada país debe primero «ayudarse a sí mismo» antes que recabar el auxilio de los socios y las instituciones comunitarias.

Reducir el déficit público y recortar el desempleo son, para el Ejecutivo, los objetivos inmediatos e irrenunciables, pero muy difíciles de compatibilizar. El entorno no sirve de apoyo, porque la rebaja de los números rojos de las administraciones y el adelgazamiento de la cola del paro se han de conseguir mientras la economía española se encuentra sumida en una segunda fase de estancamiento, a la que seguirá, según los expertos, una etapa de débil crecimiento, en el mejor de los casos.

Antes del 1 de enero se tienen que decidir asuntos como la actualización o no de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos y otras de no menor alcance como la evolución de la tarifa eléctrica. Es bastante probable que el precio que pagan por la luz más de 20 millones de consumidores domésticos lo determine el Ejecutivo en funciones, porque los plazos apremian. Si se mantiene la congelación para el primer trimestre del año será un nuevo parche, porque el déficit acumulado con el sector eléctrico ronda los 22.000 millones de euros. Se está pagando a quince años -a ello se destina como media un 5% del recibo de los hogares- pero no puede seguir aumentando.

Subida de las pensiones

Con la congelación de las pensiones, excepto las mínimas, en 2011, desaparece la 'paga' que jubilados y viudas han venido cobrando a primeros de año para compensar la desviación al alza de la inflación. Una de las primeras decisiones del Gabinete puede consistir en aprobar la subida de las pensiones para 2012 en un 2%, el porcentaje que la zona euro considera el objetivo ideal de aumento de los precios. Si, por añadidura, opta por elevar la retribución de los funcionarios -que ya ha sufrido un recorte medio del 5%- el presupuesto de gastos para el próximo ejercicio registrará el correspondiente incremento.

La elaboración de las cuentas públicas para 2012, que el Gobierno saliente ha dejado totalmente en manos de su sucesor, va a resultar especialmente complicada. Es imprescindible mandar a los mercados el mensaje de que se va a cumplir el objetivo de déficit, limitado al 4,4% del Producto Interior Bruto, y todavía no se conoce si este año se rebasará el 6% comprometido. El Estado se ha ajustado el cinturón, pero las autonomías no se pusieron las pilas hasta mediados de año y el sistema de la Seguridad Social se está viendo afectado por la mala evolución del empleo. Hay menos cotizantes y más trabajadores en desempleo por proteger, lo que equivale a menos ingresos y más gastos.

Lo mismo va a ocurrir en el conjunto del Presupuesto del próximo año al que habrá que aplicar, de partida, un tijeretazo que oscilará entre los 16.000 y los 30.000 millones. Son unas cifras que no tienen en cuenta la potencial merma de las entradas de fondos que se producirá como consecuencia del frenazo económico. Y aunque el mayor impacto de los cambios en la fiscalidad que introduzca el nuevo Ejecutivo no se harán notar hasta el segundo año de la legislatura, los ingresos de 2012 estarán afectados por las más bajas rentas del trabajo, los peores resultados empresariales y la ralentización del consumo. En la caja de las Autonomías que lo decidan entrarán, eso sí, los procedentes del recuperado Impuesto sobre el Patrimonio.

El Partido Popular quiere aplicar estímulos fiscales para potenciar la actividad de las pymes desde el primer momento. Más difícil lo va a tener para relanzar sectores productivos como la construcción, donde la única esperanza radica, ahora mismo, en la recuperación de la demanda que debiera producirse por el retorno de la desgravación generalizada a la compra de la primera vivienda sumada al mantenimiento del IVA rebajado.

Reducir el número de parados desde los casi 5 millones que se computan en la última Encuesta de Población Activa pasa por volver a un crecimiento económico sostenido. Los servicios de estudios y las instituciones internacionales dan prácticamente por perdido el año 2012, y está por ver si el PP consigue despertar la confianza necesaria para que los empresarios se animen a contratar ante las sombrías expectativas que presenta la demanda de consumo. Las posibilidades que ofrece la reforma laboral ya en vigor apenas se han explotado. Y el diálogo social debería contribuir a relanzarlas mediante otros acuerdos.