El Partido Vecinal Regionalista exige la dimisión del concejal de Urbanismo

El Partido Vecinal Regionalista lo tiene claro. El edil de Urbanismo, Andrés Núñez, debe abandonar su cargo de inmediato, y tanto la máxima responsabilidad al frente de la Gerencia de Urbanismo como de la delegación homónima deben ser ocupadas por «alguien que sepa asumir las riendas de ese delicado cargo».

El tercer partido en número de votos de la oposición chiclanera recuerda a la ciudadanía que las viviendas irregulares de la localidad solo necesitarán de la elaboración de un certificado de salubridad y seguridad firmado por un arquitecto, «ya que se trata de viviendas con decenas de años a sus espaldas, salvo para el caso de que hubiese alguna construcción reciente, de menos de cuatro años, o para aquellas en que recayese una sanción urbanística y ésta estuviese en vigor». Los vecinos realizan estas manifestación tras el anuncio del acuerdo entre Ayuntamiento y Colegio de Arquitectos para la concesión de facilidades a los propietarios a la hora de realizar los proyectos técnicos que se incluyan en los expedientes de legalización de las casas ilegales, que hizo público la semana pasada el Consistorio.

Sanciones «inasumibles»

Desde el PVRE se critica «el ensañamiento con el extrarradio, las sanciones estratosféricas y los precios de regularización que no sólo serían ilegales por estar anuladas las Ordenanzas, sino que también serán inasumibles por un costo artificioso y fuera de toda lógica». Para la formación que defiende los intereses de los propietarios de viviendas en el extrarradio, el gobierno local del Partido Popular actúa «empujado por una codicia recaudatoria sin límites».

Antes de pedir su marcha del cargo, al edil de Urbanismo le recuerdan que «es el primero que siembra la inseguridad al incumplir la legalidad», lamentan. Se refieren a la concesión de licencias y la regularización de algunos inmuebles que está llevando a cabo la GMU en las últimas semanas, en base a un planeamiento urbanístico que está oficiosamente anulado por la justicia tras el dictamen del Tribunal Supremo. El PP mantiene que hasta que la sentencia anulatoria no sea comunicada de manera oficial el PGOU puede seguir vigente y en aplicación. Sin embargo, desde el Partido Vecinal se insiste en que cualquier decisión que se adopte en base a este documento «es susceptible de ser impugnada en el futuro».