¿DESAPARICIÓN?

Verdad es que el Ministerio de Cultura ocupa una jerarquía inferior en la distribución presupuestaria y en el peso específico del Gobierno. La descentralización ha transferido competencias a las comunidades autónomas y la cultura no es ajena ni a su papel marginal en el estado de bienestar, ni al escaso peso político de algunos ministros que la han gestionado. Con estos antecedentes, y salvo que la cultura y la educación fueran el objeto improbable de algún pacto de estado, no sería ningún drama la desaparición del ministerio. No lo sería para los museos nacionales o para el INAEM, ya que su consideración como órganos autónomos podría someterse a la supervisión de otra instancia pública. Lo mismo podría suceder con la protección de los derechos de autor y con la promoción y fomento del cine, cuyas políticas podrían tener una necesaria orientación industrial si dependieran de otro ministerio.

Lógicamente, lo anterior no debería interpretarse como una rendición de la cultura a las leyes del mercado o como un menoscabo de la importancia social de la cultura, sino más bien como un paso en favor de una mayor racionalización del gasto y de una mejor eficiencia en la gestión. Todo, sí, menos seguir viendo a un ministerio renqueante en sus recursos, debilitado en su contenido competencial y en manos de políticos sin peso específico suficiente.