No son los mercados, es el Gobierno

A la gravísima crisis económica instalada, parece que por muchos años en España, se le une ahora las de dimensiones política y social, también sin precedentes en nuestro país. En ese contexto, más parecido al infierno que a otra cosa, los demagogos de la izquierda buscan al culpable de todos los males, en la Tierra y en el más allá, el 'mercado' y ahora más concretamente el de carácter financiero. Así lo manifiesta sin ningún tipo de pudor Stéphane Hessel, representante de la progresía izquierdista más recalcitrante y conductor de los delirios asamblearios de muchos 'indignados'. Este personaje ha plasmado en su reciente libro, que los mercados e instituciones financieras son los culpables de la crisis actual. Lo que es un serio error, tanto en la configuración de la hipótesis de partida, como las conclusiones que se obtienen de ella.

La crisis financiera, contextualizada en primer lugar en los EE UU y de ahí al resto del mundo, se debió por una parte a la falta de regulación financiera y, en segundo lugar, a una deplorable política monetaria. En el caso norteamericano, el responsable tiene nombre propio, Alan Greenspan y en el caso español, Pedro Solbes. Este último, debatió «hechos» calificados y apuntados por Manuel Pizarro como agoreros de catástrofe inmediata y de erróneas políticas, «desmentidas» por el entonces Ministro, pero sabedor que mentía como un visceral bellaco, como el tiempo ha sentenciado. Sin embargo, el debate fue «ganado» por el demagogo y mentiroso compulsivo, que decía lo que muchos de los telespectadores que lo presenciaron, querían escuchar.

Achacar todos nuestros males, como hizo la semana pasada el ministro de Trabajo, al comportamiento del sistema financiero y la asunción de riesgos en el sector inmobiliario, es simplemente inconsistente. El hecho de que los bancos y cajas de ahorro fomentaran la burbuja inmobiliaria, que desde luego lo hicieron, no exime de imputar las mayores culpas al Gobierno, que es quien gobierna y en el que radica la iniciativa legislativa, que hubiese limitado aquella sin lugar a dudas. La burbuja como tal, se vio favorecida por unas condiciones de crédito, de coste prácticamente irrisorio, que en ningún caso fueron impuestas por las entidades que integran el sistema financiero español, sino que a estas les vinieron dadas o impuestas por la situación.

Esto llevó a la concesión de préstamos a los ciudadanos españoles a tipos de interés bajísimos. Sí a ello le unimos las especialidades de la Ley del Suelo española, ya tenemos los dos aditamentos necesarios que justifican el desbarajuste habido en el sector inmobiliario español, cuyo efecto se tradujo en un proceso imparable de carácter inflacionista de los costes de la vivienda, a pesar de la frenética actividad constructora de aquellos momentos. La especulación, promovida no solo por las empresas inmobiliarias, también por los ciudadanos (compradores y vendedores), terminó por situar el problema en un punto de complicadísima solución. Ésta no devendrá en definitiva hasta el momento en el que la oferta y la demanda se equilibren. Según los entendidos en la materia, los precios estaban sobrevalorados en el momento de externalizarse la crisis en 2007, en una cantidad cercana al 45% de media. Ya en el año 2006, el Gobierno tenía conocimiento del informe emitido por los inspectores del Banco de España, que sirvió de referencia a la conferencia impartida ese mismo año por el que había sido en el pasado inmediato gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo. Ese informe, le sirvió para poner el dedo en la llaga del problema que se avecinaba, la desregulación del sector financiero y la política expansiva de la Reserva Federal, que inculcó durante toda su etapa como presidente Alan Greenspan. Pero no solo esto se decía en el informe, se ponía especial énfasis en el patrón de crecimiento económico basado en el ladrillo, lo que no era en absoluto conveniente, amén de que su apuesta casi exclusiva por el Gobierno, restaba recursos en otros sectores de la actividad económica, lo que inducía inexorablemente a un patrón de crecimiento desequilibrado, insostenible y por lo tanto nada racional, poco eficaz y nada eficiente.

La pregunta que hay que hacerse al respecto es la siguiente: ¿qué hicieron los banqueros y demás entidades financieras, ese conglomerado que muchos califican como 'mercado' y que lo asemejan a un demonio con cuernos y rabo? Ni más ni menos, hicieron lo que siempre han hecho, hacen y harán en el futuro, intermediar en el mercado financiero.

El problema real, era evidentemente político. Las instancias políticas, tanto internacionales, como las nacionales, no se anticiparon a una situación insostenible que no supieron o simplemente no quisieron encaminar adecuadamente por la senda de la correcta regulación. Y que yo sepa, quien regula es quien tiene capacidad normativa y esta sólo la tienen los estados y algunos organismos internacionales. Por lo tanto, diferenciemos y señalemos con nitidez a los culpables.

Cuando no se gobierna adecuadamente, que es lo que sucede desde hace años en España, debemos acudir a la situación de desgobierno para ilustrar la situación padecida. La consecuencia inmediata de todo ello, es el escenario de desconfianza en la que nos vemos inmersos. Ni el resto de países, ni los organismos internacionales, tampoco los inversores privados, confían en nuestro país. La consecuencia inmediata es el riesgo país, situado esta semana en 290 puntos básicos. Solo un dato, cada cien puntos básicos (1% sobre el coste del bono alemán) nos cuestan 13.000 millones de euros.

¿Qué hacer entonces? Hacerles caso a «pies juntillas» a la UE, al FMI y a la OCDE, cuando exigen las reformas necesarias para encauzar adecuadamente la senda del crecimiento, que consisten en síntesis, en ganar la batalla de la productividad como país, en todos los ámbitos de la economía. ¿Las estamos haciendo de verdad? Evidentemente no. Ni mucho menos controlamos el déficit público y el coste de la deuda es insoportable y se justifica en la desconfianza que transmitimos por no hacer lo que debemos. Tampoco hemos puesto punto y final a la reforma del sector financiero, que comenzó siendo un problema de liquidez, para terminar siendo de solvencia, precisamente por el interminable tiempo empleado en acometerlas. Y por último, la reforma laboral.

Desde mayo de 2010 viene haciéndola impelida por la UE, pero yendo y viniendo, como quien quiere aparentar algo que desde luego no tiene ningún interés en hacer de verdad. De esa forma aparenta que la está haciendo, pero en el fondo la hace inconsistente, minimizando así el conflicto sindical, al que teme como una vara verde.