Los isleños culpan a su gobierno municipal del desfalco de la caja

Hay escándalos que marcan un mandato entero, incluso una década. O dos. En San Fernando, el segundo municipio de la Bahía de Cádiz, una ciudad con más habitantes que una docena de capitales de provincia españolas, resulta difícil imaginar el debate político sin hablar del célebre «desfalco». Pasarán muchos años hasta que otro episodio, entre político y delictivo, provoque tantas discusiones, movilizaciones, declaraciones, reacciones y contradicciones. Todo saltó hace poco más de dos años. A principios de abril de 2009, el Ayuntamiento reconocía en una nota pública que faltaban 480.000 euros de la caja municipal y se señalaba a dos funcionarios como posibles autores de las irregularidades.

El caso no dejó de crecer como una bola de nieve, a toda velocidad por una cuesta empinada. A las pocas semanas, el dinero desaparecido ascendía a 7,8 millones de euros. Las investigaciones policiales, los informes internos del Ayuntamiento, las auditorías y los estudios del Tribunal de Cuentas fueron aportando dato tras dato hasta presentar un desfalco de proporciones descomunales, del que aún se desconocen todos los detalles y autores. Lo que se conoce pone en cuestión el mínimo rigor con el que una administración pública debe tratar el dinero de sus administrados, el de la comunidad.

Salieron a relucir sobres de papel en los que se guardaban dinero y cajones en los que, durante más de un lustro, fueron a parar ingentes cantidades ahora ilocalizables. Tenían cierre con llave, pero muchos funcionarios tenían acceso a ellas, cuando no se colgaban en una pared por si alguien la necesitaba. Al parecer, las cantidades empezaron a faltar a finales de 2002. Siete años después, cuando el dinero perdido ya era una fortuna salida de los bolsillos de todos los contribuyentes isleños, saltaron las alarmas.

Actualmente, el funcionario Clemente Ruiz, que espera juicio, es el único sospechoso del supuesto desvío del dinero, aunque las investigaciones siempre han sostenido que no pudo actual solo. Mientras la Policía investiga y la Justicia resuelve, hay otras incógnitas que resolver. Una de ellas es el coste político que tendrá el caso.

El informe de Ikerfel para LA VOZ deja claro que será alto para el equipo de gobierno que salió del pacto Partido Andalucista-PP, ya roto como es tradición previa a las elecciones. Y especialmente, lo pagan el alcalde y los concejales con mayor responsabilidad. La delegada de Hacienda y Economía, Mercedes Espejo, resistió las peticiones de dimisión pero hace más de un año que anunció que no repetiría como miembro de la lista.

Alto coste político

El alcalde, Manuel María de Bernardo, siempre se ha excusado en que el Ayuntamiento detectó antes que nadie el desfalco que sufría, que el caso se debe a actuaciones particulares y que siempre ha cumplido con su responsabilidad. La oposición, especialmente el PSOE, considera que el hecho de que hayan desaparecido 7,8 millones de euros de la caja municipal ya implica una dejación manifiesta de las obligaciones básicas de un equipo de gobierno.

La opinión de los ciudadanos parece inclinarse más por esta segunda opción. Dos de cada tres vecinos de La Isla consultados consideran que el alcalde tiene responsabilidad en lo sucedido. Hasta el 67,2% dice estar «bastante de acuerdo» o «totalmente de acuerdo» cuando se les pregunta «¿hasta qué punto está de acuerdo con que el Ayuntamiento de San Fernando tiene responsabilidad política en el desfalco de la caja municipal?». Los que están bastante o totalmente en desacuerdo suman solo el 13,2% así que la opinión pública es bastante clara.

Aún más firme es el reproche político si solo se tiene en cuenta la respuesta de los hombres. Si se hace el desglose por sexos, resulta que el 51,3% de los varones consultados dice estar «totalmente de acuerdo» en que el alcalde tiene responsabilidad política en el desfalco del Ayuntamiento isleño.

Para encontrar a los más comprensivos con la gestión de la Alcaldía en este asunto hay que rebuscar en los tramos por edades. Los isleños de 18 a 24 años son los que menos señalan al Ayuntamiento. En este segmento, solo el 17,3% está completamente de acuerdo con la absoluta responsabilidad del gobierno municipal en este asunto. Ni siquiera uno de cada cinco, entre los consultados de menos edad, señalan con virulencia a los gestores actuales del Ayuntamiento.

En ningún otro tramo de edad, el grupo de los más críticos baja del 33%, es decir, de un tercio de los entrevistados.