La jueza manda investigar el patrimonio de Antonio Fernández y toda su familia

La jueza de Sevilla que investiga la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha ordenado a la Policía Judicial que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, y de su esposa, padres e hijos, así como del resto de imputados en la causa.

En un auto de 44 páginas notificado ayer martes a las partes personadas en este procedimiento la jueza de Instrucción número 6 ordena a la Unidad de Policía Judicial que se «centre» en la investigación del patrimonio, no sólo del exconsejero, sino también del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas; del exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y del sindicalista Juan Lanzas, instando además a que esta investigación «se haga extensiva a sus cónyuges, padres de ambos, hijos de ambos y en su caso sus respectivos cónyuges y/o parejas, así como los hermanos y sus cónyuges y sus parejas». En el auto, dictado el pasado día 16 de abril, la jueza instructora precisa que en tres autos de marzo de 2011 «ya se explica con detalle el procedimiento utilizado por responsables de la Junta de Andalucía, algunos de ellos ya imputados, para materializar las ayudas a empresas en crisis acogidas a ERE y todo ello desoyendo los importantes reparos opuestos por la Intervención General de la Junta, habiendo terminado buena parte de estas ayudas en manos de personas próximas a los ejecutores y conseguidores del plan diseñado, ya fueran familiares, amigos o próximos al partido de gobierno de la Junta».

Tras ello, la jueza informa a los imputados de los hechos que les imputa y, respecto a Antonio Fernández, pone de manifiesto que «ocupó el cargo de máxima autoridad laboral durante la mayor parte del periodo investigado», siendo, según añade, «indiciario conocedor según Guerrero de las pólizas particulares para personas próximas o la inclusión que éste hacía en las pólizas de los ERE de personas que nunca habían trabajado en las empresas».

Añade también que el exconsejero «era conocedor de los importantes reparos que la Intervención General realizó al procedimiento utilizado para materializar estas ayudas mediante las llamadas transferencias de financiación de explotación, procedimiento que había generado un déficit presupuestario para la Junta a 31 de diciembre de 2007 de 39.249.138 euros». Asimismo, le imputa su inclusión en el ERE de 2008 de la empresa González Byass, «cuando él dejó de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981».

Guerrero, Rivas y Lanza

Respecto a Guerrero, le imputa «haber autorizado el pago por la Junta de las primas de las pólizas derivadas de los ERE de empresas en crisis, a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado en las mismas», así como «haber autorizado dicho pago en muchas ocasiones prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento administrativo», y «por haber sido la persona que, en muchos casos, ha ordenado por razones de amistad, parentesco o militancia en el PSOE la inclusión en tales pólizas de dichos falsos trabajadores».

En cuanto a Antonio Rivas, la jueza dice que «ha autorizado un buen número de ERE en los que se han detectado falsos trabajadores, entre los que destaca especialmente el ERE de Mercasevilla de 2007, que fue autorizado por las mismas causas económicas y organizativas que el ERE de 2003, no habiendo apreciado dolo, fraude ni la menor irregularidad en este segundo expediente, pese a que, siendo la causa alegada en el primero una sobredimensión de la plantilla y que el coste de personal era el 64 por ciento de la cuenta de explotación de la empresa, a 2007 se había contratado el mismo número de trabajadores que en el primer expediente habían sido despedidos».

Además, le imputa haber incluido en el listado de trabajadores afectados por el ERE al exmilitante del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, «indiciariamente con su conocimiento, el cual no había trabajado nunca para la empresa», así como incluir a otra persona en el ERE de 2007, «cuando éste había sido contratado el mismo día de su inclusión en el ERE», y, por último, también le imputa «que haya podido favorecer a su cuñado José Antonio Márquez, beneficiario de la póliza de Surcolor, cuando no había trabajado nunca para la misma».

Igualmente, y en cuanto a Lanzas, le imputa «su presunta intervención como mediador o conseguidor en diferentes ERE en los que se han detectado ilegalidades», destacando los de Mercasevilla, Hitemasa o Río Grande; «ser beneficiario de una póliza de renta colectiva del ERE de Hitemasa a pesar de no haber trabajado nunca en la misma»; por «su intento de inclusión de él mismo en la póliza que garantizaba el ERE de 2007 de Mercasevilla con iguales fines»; por su participación en la inclusión de su esposa en el ERE de Hitemasa, o por la inclusión de su cuñada en la póliza relativa al ERE de Comercial Alimentaria Dhull. Por último, también le imputa «la presunta apropiación de las cantidades abonadas a la intrusa Carmen Fontela en virtud de la póliza relativa al ERE de Río Grande».

La jueza pide prudencia

La jueza, que informa en el auto de la imputación de hasta 29 personas, dice que el fiscal ha solicitado la declaración en calidad de imputados de todas las personas presuntamente implicadas en los hechos, pero asevera que, «dada la extraordinaria amplitud y complejidad de los hechos, que abarcan un amplio espacio temporal y todo el territorio de la Comunidad, resulta más que evidente que criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia obliguen a demorar la toma de las declaraciones de los imputados hasta que se conozca con claridad y detalle los hechos investigados y sus diferentes vertientes».

Además, retrasa la toma de declaraciones hasta que se conozca igualmente «la presunta participación de aquellos en los mismos y la interrelación existente entre los distintos actores, decisión que se adopta con la tranquilidad que ofrece que, desde el minuto uno, se esté cumpliendo el principio de igualdad de armas, lógico corolario de la contradicción, teniendo los hasta ahora imputados, y los que sucesivamente se van incorporando, la posibilidad de participar en la instrucción con los mismos medios de ataque y de defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación».

Por último, la jueza requiere a la Policía Judicial para que elabore un listado de los «falsos» trabajadores hasta ahora confirmados «que aún continúen cobrando prestación y con cargo a qué compañías», e insta para que se requiera a la Cámara de Cuentas «toda la documentación que posean sobre ayudas excepcionales en materia de trabajo y seguridad social realizadas por la Consejería de Empleo para trabajadores o empresas en crisis».