A medio gas en bodegas Garvey

Inquietud, pocas garantías de cara al futuro y dinero a cuentagotas. Ése es el caldo de cultivo en el que nadan desde hace semanas los empleados de las bodegas de Nueva Rumasa en el Marco de Jerez, que reclamaban «como agua de mayo» que la jueza Nuria Orellana declare cuanto antes el concurso voluntarios de acreedores en cuatro bodegas y la distribuidora propiedad de la familia Ruiz-Mateos e integradas en el Grupo Garvey.

Una de las principales razones que hacen que los empleados reclamen que se aplique cuanto antes la suspensión de pagos (que es como se conocía antes este proceso) es que en las bodegas se trabaja cada vez a un ritmo menor, tal como denuncian desde los sindicatos CC OO y UGT.

Como explicaban a este medio los líderes sindicales agroalimentarios de la provincia, Francisca Romero (UGT) y Luis Páez (CC OO), «la actividad no está normalizada, porque se está saliendo adelante con las reservas que hay de botellas o cápsulas, pero en cuanto se liquide lo que hay puede llegar el parón».

No en vano, tanto los empleados como los representantes sindicales ya cifran que en estos momentos, en centros como el Complejo Bellavista y la bodega Teresa Rivero de Sanlúcar en estos momentos «como mucho se está produciendo al 30% de la capacidad de estas instalaciones». De ahí que insistan en la necesidad de que la declaración del concurso de acreedores se agilice -como ha ocurrido ya en los casos de Dhul o Hibramer-, porque «las bodegas está al límite».

Eso sí, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras plantas de producción, sí que hay materia prima en las empresas de Garvey de la Denominación de Origen, aunque la plantilla ya empieza a observar nerviosa que «de las instalaciones están saliendo grandes cantidades de vino y de brandy sin que sepamos exactamente el destino».

La rumorología se ha desatado, y aparecen fantasmas por todas partes como el de posible embotellado de grandes partidas con destino a Japón en Portugal, o la retirada de las existencias de brandy de la antigua Caydsa.

Por eso, el 'teléfono rojo' habilitado entre los representantes laborales y el Consejo Regulador del Vino está que arde estos días con denuncias de salidas de mosto en las que muchos creen ver «los primeros pasos para esquilmar el patrimonio de las bodegas».

A este respecto, las fuentes consultadas del organismo regulador de la Denominación de Origen solo han confirmado que desde la dirección de Garvey les han solicitado poder realizar un movimiento de vino de unas 20.000 botas con destino a destilación para convertirlas en alcohol. Es decir, se trata de un movimiento legal y «con papeles por delante» al que tienen derecho como propietarios.

Diversas voces del sector consultadas han apuntado sobre esta gran salida de vino que «no es normal, se trata de una cifra muy importante, y puede que traten de recuperar algo de liquidez vendiendo el alcohol que obtengan de la destilación».

Sea como fuere, fuentes jurídicas consultadas recalcan que aunque estas empresas aún no estén inmersas en el concurso de acreedores, el proceso es inminente, y «en estos casos los administradores que lleguen no solo harán una foto clara de la situación actual, sino que pueden revisar las operaciones de los últimos tres meses y pedir responsabilidades».

Mientras, ayer la plantilla volvió a reunirse en asamblea en Garvey, donde la dirección de la empresa repartió entre los empleados «el poco dinero que había entrado» para pagar los atrasos. Pese a todo, como apuntó Luis Páez, «apenas fueron unos 160 euros por persona y algo más a pequeños proveedores».